La Sala 16 del Tribunal Correcional de París dará a conocer, el próximo 16 de mayo, su decisión en relación a la causa abierta contra dos de los artesanos de la paz que participaron en la acción en favor del desarme que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2016 en Luhuso (Lapurdi).

La fecha de la sentencia se daba a conocer al final de la segunda y última jornada de un proceso judicial que ha deparado «momentos intensos y también una fuerte carga emocional», según resumía a GARA la presidenta de Bake Bidea. Anaiz Funosas hacía alusión a los tres artesanos de la paz ya fallecidos -Mixel Berhogoirigoin, Mixel Bergouignan y Michel Tubiana-, primero, para saludar que, desde el trabajo realizado en estos años, se haya llegado a un momento en que «el verdadero relato del desarme se ha impuesto en una sede judicial».

Uno de los cuatro abogados que han respaldado a Txetx Etxeberri y Béatrice Molle-Haran en este proceso judicial, Jean-François Blanco, venía a coincidir en la idea de que, «si este juicio inexplicable ha tenido algún elemento positivo, ese ha sido el de escuchar lo actuado por las partes en el proceso de desarme».

Hacía alusión después a los testimonios aportados, en la primera jornada del juicio, por el que fuera prefecto de Pirineos Atlánticos durante el periodo del desarme, Éric Morvan, y por el exministro de Interior Mathias Fekl.

Los dos exaltos cargos confirmaron que tejieron relaciones de confianza que se evidenciaron claves de cara a hacer posible «un desarme completo y en condiciones de seguridad», que fue realidad el 8 de abril de 2017.

Ese reconocimiento expreso de que el desarme fue un ejercicio colectivo, que implicó a sociedad civil y a electos, pero que también contó con la colaboración in extremis de instancias políticas y administrativas galas «al más alto nivel», fue uno de los aspectos más significativos que ha deparado el juicio.

Ello sin obviar el testimonio de otros representantes llegados de Euskal Herria o la declaración, rica en información, pero también en emociones, prestaba por los dos encausados.

Finalizada la vista, a media tarde de ayer, tanto Txetx Etxeberri como Béatrice Molle-Haran se mostraban «globalmente satisfechos» por haber podido explicar los motivos que les llevaron a actuar «a la vista de la irresponsabilidad de dos Estados que, transcurridos cinco años desde la Conferencia Internacional de Aiete, seguían sin dar salida al desarme de ETA».

Aunque hasta el 16 de mayo no sabrán cuál es la decisión que tomará la Justicia, ofrecían una primera valoración de la petición de penas que expuso la procuradora en la sesión de cierre del juicio.

La representante del Ministerio Público solicitó un año de prisión sin obligación de ingreso en prisión para la periodista hendaiarra, mientras que elevaba la solicitud de castigo a dos años de cárcel, igualmente exentos de cumplimiento, para Etxeberri.

Más allá de lamentar que la Fiscalía Antiterrorista «persevere en su lógica», pese a lo escuchado en el juicio, Etxeberri y Molle-Haran aludían a uno de los aspectos adyacentes a esa petición de «penas clementes», que verbalizó la procuradora. Estimaban de «alto valor simbólico» que no solicitara la inclusión de ambos en el fichero antiterrorista Fijait. Confiados en que la sentencia final conlleve su exculpación, Molle-Haran y Etxeberri vuelven a Euskal Herria con la categoría intacta en tanto que artesanos de la paz.

RACIÓN DE ANACRONISMO

Aunque la petición final de penas no se ajustara del todo al contenido de su informe, lo cierto es que la procuradora hizo alarde de dureza, en un análisis de la causa que, en el turno de defensa, la abogada Xantiana Cachenaut, evocando su experiencia de veinte años en la jurisdicción antiterrorista, evidenció como aferrado a una lógica anacrónica, que no se ajusta «a los cambios importantes producidos en Euskal Herria y que fueron posibles con compromisos plurales, incluso entre lógicas opuestas».

A su lado, Patrick Baudoin, veterano abogado y presidente de la Liga francesa de Derechos Humanos (LDH), sintió la necesidad añadida de apuntar a la procuradora que «este no era un juicio a ETA».

La representante del Ministerio Público arrancó su exposición aclarando que no compete al tribunal discernir sobre cuestiones como la construcción de la convivencia ni sobre «los relatos todavía opuestos» en relación al final de ETA. Y recordó, acto seguido, que las infracciones que se les imputan a Molle-Haran y Etxeberri, «y que ellos mismos asumen», son graves, al estar acusados de «transporte y depósito de armas pertenecientes a ETA».

Para reforzar su tesis, subrayó la relevancia del material aprehendido en Luhuso que, aseguró, «estaba en buen uso y tenía gran capacidad letal».

El intercambio de mensajes de los artesanos con ETA, y su publicación en Mediabask -y luego en GARA- sirvió a la fiscal para ratificar la relación entre «ese material y la organización terrorista». Insistía desde ahí en «el carácter terrorista de ETA», punto que «espero no se ponga en duda», apuntaba, para extenderse en lo actuado por la entonces organización armada durante la dictadura franquista -«cuando todavía se podría afirmar que no existía otra vía»-, pero en particular «contra el marco constitucional y de legitimidad democrática existente en el Estado español» desde 1978.

Restó valor a los pasos dados por ETA, escudándose en treguas fallidas como la de 2006, que «no evitó que en los próximos tres años se produjeran 63 atentados con el resultado de tres muertos», dijo.

«Esa es la realidad del cese el fuego permanente y unilateral de 2006», remató, para adentrarse luego en «la relación de los encausados con ETA». Dio por probada su intención de actuar en contra de la ley y les acusó de actuar de acuerdo «a la forma y el calendario decididos por ETA para desprenderse de sus arsenales». Citó una entrevista publicada en GARA de quien fuera interlocutor de ETA en el diálogo con el Gobierno español en Oslo, David Pla, como «prueba patente de la similitud de objetivos y de lenguaje» que compartían, a su juicio, la organización armada ya desaparecida y los dos encausados que, como sus compañeros ya fallecidos, han mantenido una posición clara y sostenida en el tiempo de oposición a la acción de ETA.

Remarcó el «carácter clandestino» de la operación de Luhuso, que deslindó, pese a todos los testimonios en contra escuchados en el juicio, del desarme de 2017. Sin embargo, a la hora de elevar su petición, afirmó tener en cuenta que Etxeberri contribuyó al desarme. Y explicó al tribunal que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el devenir de los hechos a partir de Luhuso, aplicara «penas clementes» a los encausados, a quienes achacó favorecer los planes de ETA, pero no quiere ver fichados como «terroristas».