Levantar un monumento «menos suntuoso» por «la penuria de muchas viudas y huérfanos de guerra», y siguiendo el sentir de la Corporación y «el ambiente muy generalizado de la Ciudad en igual sentido» fue la principal propuesta que planteó un reticente Ayuntamiento de Iruñea a la Diputación de Nafarroa al conocer la intención de esta de construir el actual Monumento a los Caídos.

Una serie de peticiones que cayeron en saco roto, ya que la Diputación incluso empezó a levantarlo sin contar con los preceptivos permisos del Consistorio.

Así se recoge en documentos que se guardan en el Archivo Municipal de Iruñea y a los que ha tenido acceso GARA.

PROPUESTA DE LOS ARQUITECTOS

En los mismos se plasma cómo la iniciativa surgió de la delegación navarra del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. En agosto de 1941 se ofreció a la Diputación de Nafarroa para proyectar un monumento que el herrialde, «cumpliendo un deber ineludible, dedica a los que tan generosamente ofrendaron sus vidas en aras de la Patria». Consistiría en una «basílica votiva, donde descansen, además de los restos de los generales Sanjurjo y Mola, los de cinco voluntarios que representen a los caídos de las Merindades navarras».

Asimismo, contaría con unos cuerpos laterales destinados a museo y con galerías de enlace de esos cuerpos con la basílica, junto a una plaza de acceso y un parque posterior. Y se ubicaría al final de la avenida de Carlos III, «consiguiendo de esta manera dotar de punto terminal y fondo perceptivo a vía tan importante».

NI PETICIÓN, NI PLANOS

La Diputación de Nafarroa, dirigida por el conde de Rodezno, hizo suya la propuesta. Como arquitecto del proyecto, se designó a Víctor Eusa y a petición del Colegio de Arquitectos, también a José Yárnoz y José Alzugaray.

Los terrenos donde se iba a levantar el edificio fueron bendecidos el 15 de agosto de 1942, a pesar de que el Ayuntamiento de Iruñea solo tenía noticias «oficiosas» del proyecto.

Así lo recogía en un documento la Comisión de Ensanche municipal a comienzos de noviembre de ese año, donde se especificaba que «ninguna petición escrita, ni los planos y proyectos del monumento han sido conocidos por la comisión informante, la que estima necesario se cumplan los trámites generales para poder definir su criterio, ya que supone que la construcción del monumento afecta a terrenos del Ensanche, que representará una carga por atenciones que se le quieran imponer y, en suma, que representará una variación en los proyectos finales de la segunda zona del Ensanche».

Al día siguiente, el entonces alcalde, Antonio Archanco, se dirigía a la Diputación para recordarle que «es necesario que cuanto antes someta a la aprobación del Ayuntamiento los proyectos y planos que juzgue oportunos y las peticiones relacionadas con estas obras».

Esa solicitud de la Diputación llegó al Consistorio a mediados de diciembre. En la misma, le pedía la cesión de los terrenos del emplazamiento a la Diputación, que es la que «ha de encargarse de la ejecución de las obras».

Un mes más tarde, en enero de 1943, el arquitecto municipal entregó un informe en el que se especificaba los metros cuadrados a ocupar por el monumento. Serían 4.395 para el edificio en sí, 9.400 para el parque posterior y 11.690 para la plaza de acceso, lo que suponía un total de 25.395 metros cuadrados.

El valor de esos terrenos era de 1.022.800 pesetas de la época y en el informe se indicaba también que la cuenta del Ensanche «se beneficia en 400.000 pesetas».

«DESPROPORCIÓN MANIFIESTA»

Tras conocer esos datos, la Comisión Municipal Permanente de Iruñea se mostró reticente con el proyecto impulsado por la Diputación. En un documento fechado el 13 de febrero de 1943, anunciaba que se sumaba «al fondo del asunto», pero «sin que por ello deje de manifestar algunas discrepancias en orden a la totalidad del proyecto, por estimarlo en desproporción manifiesta con la realidad urbanística de la ciudad, impotente para subvenir en plazo breve a las atenciones que obras de tan colosal magnitud exigirán inevitablemente».

Incluso iba más allá, al señalar que «si bien la parte artística y monumental podría aceptarse sin grandes esfuerzos, conserva la desproporción apuntada más arriba si se tiene en cuenta la penuria de muchas viudas, padres y huérfanos de guerra, a quienes si bien se procura atender por el Estado, es sabido que las actuales condiciones de vida les colocan en situación de angustiosa necesidad material».

Por si fuera poco, añadía «un ruego», por el que pedía a la Diputación que estudiara «la posibilidad de construir un monumento menos suntuoso en memoria de la Cruzada y atienda la parte espiritual en forma que suponga un alivio de las necesidades eclesiásticas actuales y en este sentido, podría dedicar una de las parroquias del Ensanche a templo votivo y funerario donde se diera permanentemente el culto a los muertos en la Cruzada».

Las reticencias y la alternativa propuesta por el Consistorio figuran en el acuerdo sobre esta cuestión adoptado en el Pleno municipal celebrado el 20 de febrero. En el primer punto del mismo, se especifica que «respecto a la entrega de los terrenos solicitados -petición que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta de Veintena y sanción de la Diputación-, aplazar el cumplimiento de estos trámites hasta conocer la decisión de la Diputación en cuanto al comienzo de las obras que se aprueban».

«AMBIENTE EN LA CIUDAD»

Cinco días después, el alcalde Archanco remitió a la Diputación un resumen de lo acordado por el Consistorio, es decir, un visto bueno muy matizado y en el que añadía nuevos argumentos contra el proyecto, al recordar que «ha de imponer obligaciones muy costosas, no solo por el valor de los terrenos que se ceden, sino por las atenciones constantes en cuanto a la creación y conservación de parques, pavimentos especiales, singularidad de ordenanzas aplicables a las edificaciones para la plaza, ayudas que pueden ser necesarias para fomentar estas construcciones, etcétera...».

En otra comunicación posterior, se le llega a indicar al vicepresidente de la Diputación que el acuerdo no solo responde «al sentir de la Corporación», sino que «ha recogido también un ambiente muy generalizado en la Ciudad en igual sentido».

Sin embargo, todas las reticencias y la alternativa planteada por el Ayuntamiento de Iruñea cayeron en saco roto y la Diputación siguió adelante con lo previsto ninguneando al Consistorio en el sentido más amplio del término, ya que no solo desatendió sus peticiones, sino que incluso se lanzó a construir sin contar con los preceptivos permisos municipales.

Así queda en evidencia en un documento de la Comisión de Fomento del Consistorio fechado tres años más tarde, en enero de 1945. En el mismo se reconocía que «van ya muy adelantadas las obras de construcción del monumento a los héroes navarros, sin que haya sido tomado un acuerdo definitivo ni formalizada la entrega de terrenos a la Excelentísima Diputación, sin que se conozca siquiera el proyecto definitivo, ni haya sido aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento la modificación del plano del Ensanche para adaptarlo a la nueva construcción».

Pese a las irregularidades, las obras continuaron durante los años siguientes, hasta que se completó el conjunto que hoy en día cierra el extremo sur de la avenida de Carlos III y con el que el Consistorio de Iruñea se mostró tan reticente.