Cambiar un país en tres meses es imposible, aunque la población que salió masivamente a las calles en apoyo de Bernardo Arévalo sí esperaba un giro de 180 grados a corto plazo. Sin embargo, la nueva «primavera» prometida por el presidente no acaba de florecer, ya que se enfrenta a numerosos problemas endémicos, como la pobreza, que afecta a seis de cada diez personas, la inseguridad o la corrupción que está incrustada en los sectores público y privado desde los Gobiernos anteriores.

Arévalo ha hecho pequeños gestos de querer cambiar el rumbo del país, como la creación de una Comisión Anticorrupción, cuyo responsable, Santiago Palomo, reconoce que el Estado se encuentra en condiciones «críticas» ante los indicios de que el anterior Ejecutivo de Alejandro Giammattei malversó entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno en su lucha frontal contra la corrupción ha sido presentar 34 denuncias ante la Fiscalía, una de ellas contra la exministra de Salud Amelia Flores, por considerar que hubo irregularidades en el contrato suscrito para la compra de la vacuna rusa contra el covid Sputnik V. A Arévalo tampoco le tembló el pulso a la hora de destituir a su ministra de Ambiente y Recursos Naturales, después de que un medio de comunicación revelara que utilizaba dos vehículos y elementos de seguridad del Estado para que su hija realizara actividades personales.

No obstante, sigue sin lograr su principal objetivo de hacer dimitir a Consuelo Porras, a quien acusó de liderar un «golpe de Estado» en su contra por sus intentos de impedir que asumiera el cargo. La ley impide que el presidente pueda cesarla, salvo si es condenada por la comisión de un delito, por lo que todo apunta a que Arévalo va a tener que convivir con Porras la mitad de su legislatura. El mandatario la citó en enero, pero no acudió, por lo que la volvió a convocar para la reunión del Gabinete de Gobierno días después. La fiscal general asistió unos minutos, pero se retiró asegurando que la ley le impedía participar.

Por ello, el mandatario no ha podido todavía exigirle personalmente su renuncia, tal como prometió nada más ser elegido el pasado 20 de agosto, reflejando así una posición de debilidad respecto a la autonomía con la que funciona la Fiscalía. Lo único que ha hecho es denunciarla penalmente al negarse a mantener un encuentro con él. Este mismo martes, Arévalo aseguró que no descansará hasta lograr por la vía legal la destitución de Porras al ser una «amenaza a la democracia».

LA VICTORIA ELECTORAL DEL MOVIMIENTO SEMILLA Y LA LLEGADA DE BERNARDO ARÉVALO A LA PRESIDENCIA NO HA PUESTO FIN A SU PERSECUCIÓN JUDICIAL

por parte del Ministerio Público. Su mayor varapalo fue renunciar a la Junta Directiva del Congreso un día después de que el diputado de Semilla Samuel Pérez asumiera su Presidencia y juramentara a Arévalo como mandatario. Sus 23 diputados fueron declarados independientes, a raíz de la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla ordenada por un juez a petición de la Fiscalía que lo investiga por un supuesto uso de firmas falsas para su constitución como partido.

Esto se traduce en que no pueden presidir la Cámara Legislativa ni ninguna Comisión, de manera que pactaron con la oposición la conformación de una nueva Junta Directiva de la que Semilla está excluida. Esta situación y el hecho de que la formación de Arévalo no cuente con la mayoría de los 160 diputados del Congreso supone la necesidad de una búsqueda constante de consensos para lograr aprobar las iniciativas propuestas desde el Gobierno, lo que ralentiza su agenda legislativa para transformar el país. La última muestra de lo endeble del Ejecutivo fue su incapacidad para que la Asamblea aprobara un «estado de calamidad», con el fin de combatir los más de 1.600 incendios que asolaron el país las últimas semanas.

El mayor reto que tienen ahora Arévalo y su partido es la elección en la Asamblea Legislativa de la nueva Corte Suprema de Justicia. Es una cuestión fundamental para lograr una Justicia independiente, sin intereses políticos, y recuperar así las instituciones democráticas que han estado cooptadas por agentes corruptos. Así, mientras en los últimos meses se excarcelaba al expresidente Otto Pérez Molina, pese a estar condenado por dos casos de corrupción, la Justicia mantiene en prisión a fiscales anticorrupción y al periodista y director de “El Periódico”, José Rubén Zamora.

La «primavera» acuñada en el Gobierno progresista de Juan José Arévalo, padre del actual jefe del Estado, tarda en llegar.