Después de muchos vaivenes, el Congreso español ha aprobado la Ley de Amnistía. ¿Se abre una nueva etapa?

Sin duda, y además la reivindicamos como tal. Es una victoria política colectiva, la más importante que ha tenido el movimiento independentista desde octubre de 2017. Además, en un momento en el que mucha gente de manera interesada piensa que el movimiento independentista está acabado, la Ley de Amnistía es la prueba de la fuerza del movimiento. Hay que recordar que no es solo fruto de la negociación política de estas últimas semanas, sino que son cuatro años de trabajo, en los que han caminado juntos la sociedad civil organizada, los partidos políticos independentistas y soberanistas, las instituciones y la ciudadanía movilizada. Cuando caminan juntas las cuatro columnas que definen la fuerza de ese movimiento se logran cosas.

Cuando en 2019 Òmnium puso la amnistía encima de la mesa todo el mundo nos dijo que estábamos locos, que el Estado español nunca concedería una amnistía, que era anticonstitucional y el Poder Judicial nunca lo permitiría. Bueno, pues tenemos la amnistía aprobada. Además, nosotros propusimos la amnistía para resolver la represión sobre centenares de personas, son 1.600 como mínimo que pueden acogerse a ella, pero también porque la amnistía es la anulación de aquello que se ha considerado delito; no solo se extingue la pena, es el reconocimiento de que aquello que se ha perseguido como delito no lo es, sino lo que siempre hemos dicho, el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley de Amnistía aprobada en las Cortes es el Poder Legislativo que enmienda y desmiente al Poder Judicial, y pasa lo que preveíamos que pasaría, que la cúpula de raigambre franquista del Poder Judicial está lanzada contra todo esto. Por tanto, fantástico, el conflicto político Catalunya-España ha quedado desplazado al corazón del Estado.

Precisamente, ahora toca aplicar la ley. La judicatura española es muy renuente, y Feijóo dice que no se va a aplicar. ¿Acierta o se equivoca?

Se equivoca. Siempre hemos dicho que, a diferencia de los indultos, que cuando se publican en el BOE inmediatamente se abren las cárceles, la amnistía va a ser de aplicación lenta. Estamos hablando de muchos tribunales, organismos administrativos, Tribunal de Cuentas..., que van a tener que revisar todos los efectos de la represión que han llevado a cabo. Y uno por uno se va a tener que aplicar. Efectivamente, va a haber resistencia de una parte del Poder Judicial, algo insólito, porque el Poder Judicial está para que se cumpla la ley, no existe ningún país donde el Poder Judicial sea responsable de no aplicar las leyes. Nosotros hemos anunciado la creación de una Sindicatura de la Amnistía para garantizar, caso por caso y causa por causa, que la Ley se aplica a las más de 1.600 personas que tienen que beneficiarse de ella. A todas.

Este proceso ha coincidido prácticamente en el tiempo con las elecciones en Catalunya. Los resultados han dejado un escenario complicado. ¿Qué va a ocurrir?

Con la actual aritmética parlamentaria es difícil prever movimientos. Ahora mismo está habiendo negociaciones y se verá dónde acaban, o si no acaban y hay que ir a unas nuevas elecciones, que en este momento parece lo más probable, porque no hay mayoría verosímil que sume. A nuestro juicio, lo más importante de las elecciones es que se ha consolidado una abstención que desde 2017 se ha ido cronificando y ampliando. El movimiento independentista ha perdido casi un millón de votos, 900.000 tomando como referencia las elecciones de diciembre de 2017. El movimiento independentista no ha desaparecido, sino que ha ido ampliando un voto de castigo a los partidos por la incapacidad de articular un proyecto compartido, respetuoso con la diversidad ideológica que es la fuerza del movimiento.

Lo que ha caracterizado el movimiento independentista, en su dimensión parlamentaria y política, es la lucha fratricida, prácticamente guerracivilista, desde 2017 hasta ahora. Eso ha ido haciendo que crezca el desánimo, la desorientación, y al final la desmovilización, incluso una desconfianza muy extendida hacia los partidos. Para nosotros, las últimas elecciones son una señal de alerta a los partidos, porque el movimiento independentista no acaba de tener su traducción política parlamentaria. No es que haya desaparecido, el problema son 900.000 que se han quedado en casa.

¿La pugna por la hegemonía ha lastrado esas opciones de trabajo en común?

Completamente. La lucha por la hegemonía en el interior del movimiento independentista es un movimiento táctico, y de muy corto vuelo, y ha acabado erosionándolo. Nosotros pensamos que la fuerza del movimiento independentista depende de su transversalidad, de su pluralismo, y por tanto de reconocer que no hay una fuerza hegemónica. Catalunya no es Escocia, no hay un Partido Nacional Catalán. Las posiciones independentistas están segmentadas en un equilibrio. Nosotros siempre hemos puesto por delante el respeto a la pluralidad del movimiento y el trabajar con eso, que es una realidad. Si la estrategia no es diseñar un horizonte compartido, no hay posibilidad de hacer política conjunta. La mayoría independentista, que lo es socialmente, si no resuelve eso es un movimiento políticamente inoperante, sin capacidad de transformación.

Si se diera ese escenario de repetición electoral, algunos ya han deslizado la idea de una unión de fuerzas independentistas. ¿Lo ve factible?

Se ha planteado, pero no es verosímil que vaya a pasar. Sabemos que no hay acuerdo, y la simple propuesta de que haya una lista unitaria genera más división. Nosotros, que no somos un partido político sino una organización de la sociedad civil, siempre somos muy respetuosos con las decisiones de los partidos, pero siempre les interpelamos para que hagan una lectura adecuada de la realidad, y no habiendo una hegemonía, si el objetivo estratégico es ejercer el derecho de autodeterminación para conseguir una República catalana independiente, no hay otra opción que trabajar desde el pluralismo, desde el principio de realidad y a partir de ahí articular mayorías sólidas y operativas políticamente.

El Procés partió de la sociedad y luego se sumaron los partidos; ¿se va a tener que volver a un esquema parecido?

Sería deseable que no hiciera falta. Si las cuatro columnas que sostienen al movimiento avanzan juntas es más fácil que tirar para que una se sume a la otra. Es posible el entendimiento en muchas cosas, la amnistía es un ejemplo de acuerdo estratégico, y para nosotros el ejemplo con el que hay que operar políticamente. Abandonar el tacticismo, el regate corto, pensar más allá de cuatro años. Los ciclos políticos en la Europa contemporánea duran una década o una década y media, y la mirada tiene que trabajar con ese horizonte. La lucha por la hegemonía es un movimiento táctico, y la batalla por la emancipación nacional y la independencia es un movimiento estratégico que casa mal con movimientos tácticos.

Otra mala noticia es la irrupción de Aliança Catalana, ¿cómo se explica?

Es muy preocupante, no solo ha irrumpido con algunos parlamentarios, sino que ha recogido 121.000 votos. Por tanto, no estamos hablando de un fenómeno menor sino de uno preocupante, que no es ninguna sorpresa, porque en los países de nuestro entorno sucede lo mismo, y en Catalunya tarde o temprano iba a acabar aflorando. Es la combinación de muchas cosas: monstruos alimentados durante años, la deserción de abordar algunos problemas reales que afectan a la cohesión, a la pobreza, a los niveles de desigualdad, y ese huevo de la serpiente que es el discurso populista, antipartido, que acaba alimentando discursos xenófobos, racistas, discursos que concentran en la inmigración la responsabilidad de todos los problemas.

Hacía tiempo que llamábamos la atención sobre este fenómeno, que reclamamos trabajar en el ámbito de la cohesión social. Y esto toca cuestiones materiales, toca la Ley de Extranjería, las políticas de vivienda, educativas y sanitarias, la distribución de la riqueza... Eso hay que abordarlo.

Por el momento, los partidos independentistas han excluido a esta formación de las sumas parlamentarias. ¿Está de acuerdo con ello?

Absolutamente. Antes de pensar cuál es el perímetro independentista hay un perímetro muy elemental, que es el perímetro que tiene que ver con las convicciones democráticas, y un partido constitucionalmente racista y xenófobo queda fuera de lo que podría ser el perímetro independentista.

Más allá de la pugna político-partidista, un tema estratégico es el de la lengua. Parece que hay un retroceso en el uso de la lengua catalana...

Sí, está ocurriendo y nos preocupa. La situación actual es de un descenso del uso social de la lengua muy preocupante. En 2024 solo uno de cada tres catalanes y catalanas utilizan el catalán de forma habitual, es una lengua minorizada en su propio territorio. Durante décadas se ha pensado que la escuela lo resolvía todo, y hoy somos conscientes de que no; resuelve la alfabetización, el conocimiento, pero su uso no. Y eso tiene que ver con el ocio, con las nuevas preocupaciones juveniles, el consumo audiovisual, la composición sociolingüística del país, y es un problema que hay que abordar desde una perspectiva constructiva y en clave de futuro.

Por otra parte, hemos hecho un diagnóstico según el cual hay 2.300.000 personas que quieren aprender el catalán o perfeccionarlo. La respuesta institucional cubre en torno a 120.000 personas/año. Necesitaríamos veinte años para cubrir la actual demanda. Gobierne quien gobierne, tiene que abordar desde la responsabilidad institucional la satisfacción de la demanda de aprendizaje del catalán. Hay gente que lo quiere conocer y no puede. Nosotros hemos puesto en marcha muchos proyectos que ya están trabajando en ello, y como sociedad civil hacemos nuestra parte, pero no queremos ignorar que la administración tiene una responsabilidad primordial.