Una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la conversión de trabajadores interinos de la Administración Pública en trabajadores con contrato indefinido, y la califica como una medida efectiva para «evitar y en su caso sancionar la utilización abusiva» de la temporalidad. Condiciona la conversión a que no colisione con las leyes del Estado, aunque señala que los tribunales estatales deberán modificar su interpretación del derecho interno si es incompatible con el comunitario. En este sentido recuerda que un juzgado de Barcelona considera que la conversión es legal si el trabajador no adquiere la condición de funcionario de carrera, avalando de este modo la transformación de los contratos temporales en laborales indefinidos.

Un farragoso enredo legal y un continuo abuso hacia los trabajadores interinos que ha estado provocado por dos decisiones políticas. Una general que afectaba a todos los niveles de la Administración Pública, ya que, por regla general, los responsables políticos ha preferido demorar la convocatoria de procesos selectivos -siempre largos y laboriosos- y en su lugar ha optado sistemáticamente por los contratos temporales. Además, es fácil comprender que siempre será más manejable un trabajador precario que otro con derechos. En este sentido, en la interinidad se aúna desidia con cálculo político. La otra es más concreta y tiene que ver con la famosa ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de Cristóbal Montoro que, entre otras muchas restricciones, fijaba unas tasas de reposición de los empleados públicos ridículas, lo que ha impedido que se dé una renovación natural de las plantillas. Una falta de relevo que no se tradujo en una reducción del personal -si esa era la finalidad-, sino en un aumento de los trabajadores eventuales. En este caso, esa ley dejó al descubierto la falta de soberanía.

Osakidetza ejemplifica la importancia de unas condiciones de trabajo dignas para prestar servicios públicos de calidad. Es de esperar que el rapapolvo europeo sirva de acicate para acabar con la temporalidad en el sector público.