El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, puso el viernes la primera piedra de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, al más puro estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con la que pretende «neutralizar y erradicar a la narcodelincuencia» en el país, azotado por la violencia provocada por la guerra entre bandas criminales.

Pero no solo Ecuador, que construirá dos nuevas cárceles de máxima seguridad a sumar a los 36 penales ya existentes, va a importar el modelo de Bukele, Xiomara Castro, la mandataria de Honduras, declaró hace unos días la «emergencia en materia de seguridad» y anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 presos en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, en el este del país.

No obstante, expertos coinciden en que, aunque otros líderes regionales adopten las mismas medidas que Bukele -calles más seguras sacrificando derechos y libertades-, quizás no consigan los mismos resultados porque «las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas y no son exportables».

«Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas», incidió Noboa, en el acto de colocación de la primera piedra. «¡Se les acabó las ‘vacaciones’ y los ‘lujos’ a los que nos roban la paz!», agregó.

OPOSICIÓN AL PROYECTO

Los residentes en el sector Juntas del Pacífico de la parroquia Simón Bolívar de Santa Elena, protestaron contra este proyecto.

La ecuatoriana Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos se opone a esta megaprisión, que se levantará en tierras que pertenecen a «comuneros ancestrales indígenas», al considerar que es «un proyecto innecesario y antitécnico que, además de violar derechos colectivos y de la naturaleza, incurre en las mismas soluciones fallidas que han incidido en la crisis carcelaria ecuatoriana». Criticó «la construcción de la nueva ‘megacárcel’ como una medida populista, carente de rigor técnico» y recordó las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la militarización de las prisiones ordenada en enero por Noboa para abordar la crisis carcelaria del país, cuyas prisiones estaban controladas por las bandas criminales.

Ecuador, hasta hace pocos años uno de los países más tranquilos de la región, se ha visto sacudido por olas de violencia atribuidas al narcotráfico y al crimen organizado y que afectan también a las prisiones. Entre 2021 y 2023, hubo más de 500 homicidios en prisión, muchos de ellos en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales.

Tras la militarización de las cárceles en enero, se han producido muertes violentas de presos con indicios de torturas y alertas de muertes por presunta inanición, ya que numerosas prisiones se quedaron temporalmente sin proveedores de alimentos.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

La hondureña Xiomara Castro decretó hace diez meses un estado de excepción inspirado en El Salvador. Los homicidios han bajado, pero continúa el control de maras Salvatrucha MS-13 y la Barrio 18, y grupos de narcos. Las denuncias por torturas crecen en las cárceles, ahora bajo control militar.

A día de hoy, unas 30 cárceles albergan unos 21.000 internos en el país centroamericano. Honduras también está ultimando la licitación de una megacárcel para otros 2.000 reos en las islas del Cisne, un proyecto que lleva meses sobre la mesa y que es criticado por colectivos ambientalistas.