El Tribunal Supremo español ha saboteado la aplicación de la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont llevando el debate al Tribunal Constitucional y no al marco lógico en caso de que existan dudas jurídicas: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo mismo hizo en 2014 cuando tuvo otro «dilema», en aquel caso en referencia al cumplimiento de condenas de los presos vascos.