La primera jornada de este curso de la UPV-EHU titulado “Humanizar la prisión, esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco”, celebrada ayer, tenía varios puntos de interés. Primero, conocer el prisma de la nueva consejera tras tomar este área el PSE: María Jesús San José. En paralelo, escuchar el balance de quien ha pilotado estas políticas desde la asunción de la competencia por parte del Gobierno de Lakua en 2021, Jaime Tapia. Y sumado a ello, la participación del responsable estatal de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Una representación de primer nivel, por tanto, para detallar qué se está haciendo en este ámbito tanto desde la Administración de la CAV como desde la del Estado y si se pretende cambiar algo en el rumbo adoptado.

La intervención de la nueva consejera apuntaba a que quizás el trasvase de cartera del PNV al PSE se traduzca en un endurecimiento de criterios. Aunque el marco del curso era general (el «modelo penitenciario vasco» afecta por igual a todas las personas presas en sus cárceles, según admitió la consejera), gran parte de su intervención versó sobre los condenados en relación con ETA, que apenas son el 10% de los encerrados en Zaballa, Basauri y Martutene. Insistió en que a su salida «deberían admitir no solo el dolor sino lo injusto de lo que han hecho».

San José dijo que «la definición del modelo penitenciario tiene que ver con la sociedad que queremos ser». Cree que la cuestión debe abordarse con «inteligencia, prudencia, sensibilidad y compromiso»; la «sensibilidad» la hizo extensible tanto a las personas presas como a las víctimas de sus delitos. Y a partir de esas premisas fijó como objetivo que «cuando salgan lo hagan con arrepentimiento y con empatía hacia sus víctimas, y aquí no podemos ser ingenuos, esto no ocurre siempre».

En otro pasaje, San José citó a los funcionarios de prisiones en estos términos: «Personas que fueron despreciadas por un sector nada anecdótico de nuestros vecinos, cuando no secuestradas y asesinadas». En el curso habrá un panel específico sobre esta cuestión.

Analizado en pasiva, la nueva consejera de Justicia no explicitó la apuesta por el régimen abierto en que sí ha insistido el anterior equipo, liderado en la última fase por Nerea Melgosa como titular del departamento. De hecho, en la introducción del curso se había apuntado que esta cuestión es seña principal de Lakua. Habrá que esperar más concreciones de la persona que asumirá directamente este área, la jueza Inés Soria.

CONTRA EL «PUNITIVISMO»

Hasta ahora ha sido Jaime Tapia quien ha dirigido este tema desde la llamada Asesoría de Instituciones Penitenciarias. La organización del curso le había pedido un balance de estos casi tres años de gestión y lo quiso hacer «con modestia», porque «hay mucho que hacer todavía. Veo luces, pero también sombras».

Dejó claro de entrada que lo que han aplicado no ha sido una decisión propia del Gobierno Urkullu sino el documento de bases para un modelo penitenciario aprobado por el Parlamento de Gasteiz. Entre ellas destacaba el impulso a los regímenes de semilibertad. Se declaró «convencido» de que es lo mejor, «pero se trata de una cultura que cuesta mucho, porque hay un punitivismo. Nos habíamos puesto como meta llegar al 40% y estamos en el 32% [en las mujeres alcanza el 45%], hay mucho por hacer todavía», reiteró.

Una de las líneas de las que se mostró orgulloso, porque «era una realidad no visible», es la adoptada con los hijos e hijas cuyos progenitores están en la cárcel. «Tenemos ahora un programa específico para ellos», que entre otras cosas facilita que puedan visitarles con más frecuencia. Y añadió el impulso al tratamiento de la salud mental y las adicciones, donde han trabajado «intensamente» con Osakidetza. «Tenemos la mejor sanidad penitenciaria de España y estaría entre las mejores de Europa, pero hay margen de mejor también. Muchos de los problemas que surgen en los centros penitenciarios tienen que ver con esto», aseguró.

Entre los factores para el optimismo, Tapia dijo que los jueces vascos tienen una «sensibilidad especial» para avanzar en esta materia. Entre los que le generan pesimismo, lamentó que diversos problemas les han obligado a perder tiempo en «apagar fuegos», aunque solo quiso concretar el obvio: el covid.

Interesante fue también la mención al desequilibrio en la localización de las prisiones, porque la más grande está en el herrialde con menos presos (Zaballa) y la más pequeña en el que más tiene (Basauri). Citó otra situación significativa: muchos presos de fuera quieren venir aquí («algo haremos bien») y argumentan para ello que tienen «un primo o un tío», pero ese argumento de arraigo resulta insuficiente.

Dejó para el final los apuntes específicos sobre los «presos por terrorismo de la extinta ETA». Fue para saludar que se consiguiera su repatriación «en un tiempo relativamente corto», también que se haya impulsado la semilibertad «porque es importante para la normalización y para el derecho a la igualdad», y que se hayan regularizado los permisos de salida. «Creo humildemente que lo que toca es profundizar en esto», concluyó Jaime Tapia en lo que admitió que era su «despedida».

ORTIZ: «DEMASIADO TIEMPO»

La realidad estatal de las prisiones, de la que Lakua ha tratado de distanciarse hasta ahora, fue detallada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Aunque el porcentaje de régimen abierto en este ámbito no pasa del 25% frente al 32% al que ya ha llegado la CAV, subrayó que «las medidas alternativas» a la cárcel suponen una opción deseable que hay que impulsar. Saludó también que la «tasa de reincidencia» ha caído al 19% y que («se van ustedes a sorprender con esto», aseguró) en el Estado español hay más gente presa de 78 años que de 18, lo que sitúa como dato positivo de cara al futuro.

Ortiz elogió los «módulos de respeto» y «programas de intervención» implantados en los últimos años, que aseguró son cada vez más referencia en Europa. «Aunque no todo es idílico, hay que plantearse cosas como la nueva regulación de la libertad condicional; no es normal que una persona a la que se le ofrece prefiera estar en tercer grado que en libertad condicional porque la regulación no es correcta».

«Tenemos una tasa de encarcelamiento demasiado alta, porque el marco de penas que tenemos es muy severo -agregó-. Estas personas no solo entran mucho en la cárcel, sino que están en la cárcel más tiempo. En Europa la media es de 10 meses y, en España, de 19 meses. Somos el cuarto país de Europa que más tiempo mantiene a la gente en prisión. Hay que replanteárselo».

Desde que se implantó la prisión permanente revisable, se ha aplicado a 38 personas. Ortiz apuntó que pronto habrá que empezar a valorar si a las primeras de ellas se les conceden o no permisos. No aludió aquí a los presos vascos, que no sufren esta tipología pero sí otras políticas y prácticas de excepcionalidad por las que algunos llevan más de 30 años en la cárcel.

SIETE EXPEDIENTES

El tercer contertulio en este panel, junto a Tapia y Ortiz, fue el ararteko, Manu Lezertua. Empezó con un reconocimiento para ambos, apuntando que su oficina tenía ya antes a las personas presas como un colectivo de «prioritaria atención» y que en ese camino de la defensa de sus derechos «se abrió el cielo» con la llegada de Ortiz y se ha logrado una «gran colaboración» con Tapia.

Lezertua explicó que su función es garantizar los derechos humanos de las personas presas y que su primer paso tras la transferencia de esta competencia a Lakua fue «presentarnos en las cárceles, estar con las direcciones, con los educadores y también con las personas presas».

El Ararteko abre un expediente de oficio tras cada muerte producida en prisión: «Son siete ya. Tres están cerrados con una percepción de que no había habido actuación irregular. Cuatro están pendientes», detalló.

El derecho a la comunicación de las personas presas fue citado por Lezertua como otra cuestión clave en esta materia. Incidió en «los efectos desastrosos del aislamiento». En esta parte evocó, además, el derecho de los menores a ver a sus progenitores y ayudar con ello a su «rehabilitación». La salud mental de los presos y presas aparece como otra prioridad para esta oficina de la Comunidad Autónoma Vasca.

«Las personas presas siguen siendo sujetos de derechos», apostilló Manu Lezertua como un recordatorio imprescindible. «Cuando se reintegren tienen que ser activos sociales y evitar situaciones de marginalidad que provoquen reincidencia», remarcó.