Dunja Mijatovic, comisaria de derchos humanos del Consejo de Europa envió el 8 de febrero de 2022 una carta a los presidentes de aquel momento del Congreso (Meritxell Batet) y el Senado (Ander Gil), y una tercera carta pasa José Luis Ábalos, en calidad de presidente de la comisión de Interior.

En aquella misiva, Mijatovic les urgía a apreciar el proceso de modificación de la ley mordaza que se había abierto los meses precedentes como «una oportunidad para alinear» la legislación española con «las normas europeas y las normas internacionales de derechos humanos».

Contaba Mijatovic que «la redacción imprecisa de la ley en su conjunto sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria».

El Consejo de Europa iba más allá en su carta. No solo el Estado se había desviado en 2015 de la legislación internacional, sino que la Policía estaba usando esto para ejecutar esa aplicación «desproporcionada y arbitraria». Prueba de ello era el «elevado número de sanciones impuestas» que había detectado el Consejo desde la promulgación de la ley.

El propio Consejo de Europa unía filas con las formaciones que exigían una derogación o, cuanto menos, una reforma ambiciosa que contemplara, entre otras, la eliminación de las devoluciones en caliente (vulneraban la ley internacional y la Convención de Venecia), así como la anulación del articulado limitante de los derechos de expresión y reunión por «socavar» principios fundamentales.

Pero el viento soplaba demasiado en contra para atender estas recomendaciones -muy similares, por otra parte, a las que realizaban organizaciones en favor de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a Quien Defiende, Iridia y No Somos Delito, entre otras-.

Muy en particular, lo que existía en el otro lado era una férrea oposición a cualquier intento de modificación normativa por parte de los sindicatos policiales, celosos del nuevo poder e impunidad que habían adquirido. En esos meses, las organizaciones policiales protagonizaron protestas unánimes pocas veces vistas. Los sindicatos de la Ertzaintza se manifestaban esos días a una con los de la Guardia Civil y la Policía española. Había que salvar la mordaza a toda costa.

Pedro Sánchez, siempre voluble, había firmado en 2019 con EH Bildu la derogación de la normativa para lograr su investidura. Eliminar esta ley, de hecho, era algo que el PSOE había defendido siempre. En diciembre de 2016, la formación de Sánchez planteó una derogación total, que no prosperó debido a ser esta una legislatura extraordinariamente compleja, donde la nueva composición parlamentaria con Podemos y Ciudadanos muy fuertes ni siquiera fue capaz de tumbar a un Rajoy que había perdido la mayoría.

Derogar la ley era una propuesta nada descabellada toda vez que suponía regresar, con sus defectos y virtudes, a la normativa existente hasta marzo de 2015, omento en que Mariano Rajoy aprobó la Ley Orgánica 4/2015, que pronto se popularizó como «ley mordaza» por los cambios que traía para los medios de comunicación y todo aquel que pretendiera fiscalizar la labor de los policías.

Dicho de otra forma, derogar no es sino volver al punto anterior a aquel en el que el Estado se había -en palabras del Consejo Europeo- «desalineado» de las normas internacionales.

CAMBIAR, PERO SIN ELIMINAR

 

Ya en el momento en el que el Consejo de Europa envía sus cartas en 2022 estaba claro que el texto que iba a debatir el Congreso no era una derogación completa de la ley mordaza, sino una modificación de su contenido trabajado en comisión, algo mucho menos ambicioso.

En lugar de un proceso derogatorio absoluto como había sido el fuego de artificio del PSOE en la alocada legislatura de 2016, lo que comenzó a tramitarse con Sánchez en el poder fue una proposición de ley que había lanzado el PNV para la «reforma» de la Ley Orgánica 04/2015, que venía arrastrándose de la legislatura anterior y a la que Podemos y PSOE habían presentado enmiendas.

La timidez de la iniciativa hizo que esta avanzara muy a trompicones, sobre todo por la oposición de EH Bildu y ERC que, en vistas de cómo se desinflaba la determinación del resto de partidos, temían que la reforma, más que tumbar la ley, consagraría los elementos lesivos de esta. Por ello, dejaron claro que si la reforma no era lo suficientemente honda, sus votos no iban a avalar esta reforma.

En ese contexto emergieron una serie de elementos que, sí o sí, debía de contener la modificación para contar con el apoyo independentista: la prohibición de las pelotas de goma, eliminación de las devoluciones en caliente y modificar las sanciones por «falta de respeto a la autoridad» (los artículos 36.6 y 37.4), que sostienen el grueso de las multas.

Según las ONG que defienden la derogación, los artículos 36.6 y 37.4, «habían supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019».

La mordaza no solo supuso un problema de proliferación de multas -y de eliminación de requisitos probatorios-. Uno de los cambios fundamentales que en la práctica trajo la ley mordaza fue un aumento desorbitado de la cuantía de las sanciones. La ley mordaza es la que permitió que la Ertzaintza castigara a 133 jóvenes con multas que ascienden a un total de 290.500 euros por su participación en dos acciones no violentas (encadenamientos y un corte de carretera).

Además golpear a las disidencias políticas, la ley mordaza se ha empleado sin contemplaciones para la represión del movimiento obrero, siendo paradigmático su uso contra huelguistas de Tubacex. La ley de seguridad ciudadana fue, también, el vehículo represor fundamental para castigar a los infractores durante la pandemia.

EL FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES

 

El proceso de reforma de la ley mordaza que trató de respaldar el Consejo de Europa fracasó por no contar con respaldo suficiente. Jon Iñarritu, en una entrevista a GARA, resumió la situación de la forma siguiente. «Es verdad que hay dos partidos, como el PNV y Unidas Podemos, que creen que el PSOE no va a ir más allá y prefieren una ley con ese contenido que quedarse con la ley de Rajoy», aseguraba el diputado de EH Bildu. Iñarritu, frente a ello, sostenía que su formación no iba a ser cómplice de aprobar «una ley mordaza descafeinada», pues esto les convertiría en «cómplices» de la misma.

Y así ocurrió. El 13 de marzo de 2023, la reformulación de la ley mordaza llegó al pleno y EH Bildu, ERC (y Junts, cuya postura había sido más posibilista hasta ese momento) impidieron que prosperara. «En lo más básico no se altera la ley del PP, sino que se maquilla», sentenció en el debate Maria Dantas (ERC).

No resulta, sin embargo, fiel a la realidad colocar a los padrinos de la anterior reforma (PSOE y PNV) en una suerte de punto medio entre los sindicatos policiales y los defensores de una derogación absoluta. Más bien, parece que la ley mordaza tuvo cierto efecto seductor para estas formaciones y fueron virando de una oposición frontal hasta sentirse bastante cómodos con ella.

Hay un elemento donde semejante transformación se aprecia con nitidez absoluta. En 2016, el Parlamento de Gasteiz aprobó una enmienda firmada por PNV, EH Bildu y PSE en la que se comprometían a mantener a Araba, Gipuzkoa y Bizkaia libres una ley así. «Estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique».

Lejos de cumplir con ese compromiso de crear una isla más democrática dentro del Estado aprovechando las competencias propias, desde la entrada en vigor y hasta marzo de 2023, la Ertzaintza llevaba una media de 16 sanciones diarias amparadas en esa normativa