Los portavoces de Sare se refirieron también a la reconfiguración producida en el Gobierno Pradales respecto al de Urkullu, que conlleva que este área penitenciaria quede en manos del PSE, no del PNV. La Asesoría de Instituciones Penitenciarias (hasta ahora encarnada por Jaime Tapia) será asumida por la jueza Inés Soria. Y la consejera es María Jesús San José, que ya ha dado algún esbozo de su visión de este tema.

«Consideramos que la nueva Viceconsejería dispone de mejores condiciones para desarrollar sus funciones que las existentes en 2021», apuntaron, recordando los perjuicios que entonces producían los efectos de la pandemia, una plantilla heredada de la Secretaría estatal «claramente insuficiente», instalaciones que requerían inversiones...

La red recuerda al nuevo departamento que el modelo penitenciario vasco «no es una opción partidaria, sino una apuesta del conjunto de la sociedad, ratificada por el Parlamento Vasco». En consecuencia, Sare espera que la política de los nuevos responsables «profundice en el avance de este modelo».

Para ello Sare plantea estabilización de plantillas y dotación presupuestaria «adecuada». Y sobre los criterios de fondo, apunta que «no podemos sino esperar de los nuevos responsables lo que hemos venido exigiendo en el pasado: la aplicación a estas personas de una política penitenciaria ordinaria, sin privilegios pero sin excepciones, discriminaciones ni criterios particulares. El mismo trato y criterios que aplican al resto de personas presas».

La red espera que se respete la labor de los profesionales de las Juntas de Tratamiento, aceptando sus propuestas; «una actitud proactiva frente a las limitaciones establecidas en las leyes de excepción» con «búsqueda de soluciones creativas frente a leyes que deberían estar ya hace mucho tiempo derogadas»; la superación de «limitaciones y actitudes titubeantes»: y «una actitud abierta que facilite la interacción con los movimientos sociales, con los agentes del tercer sector y organizaciones del mundo penitenciario».