Tras el rechazo del Gobierno español a la opa de Magyar Vagon sobre la empresa española de fabricación de trenes Talgo, los trabajadores de la principal fábrica, que se encuentra en Ribabellosa, explicaron ayer que están «a la espera de que aclare la situación».

El Gobierno español hizo público el martes su veto a la entrada del grupo húngaro en Talgo, sobre la que había lanzado una opa para controlar el 100% de su capital por 620 millones de euros, por considerar que hay intereses estratégicos y «razones de seguridad nacional insalvables».

Después de la negativa de Madrid, que deja el futuro de Talgo en el aire, el consorcio húngaro anunció que recurrirá «en todas las instancias posibles» la decisión, tanto en el Estado español como en Bruselas.

El presidente del comité de empresa, Kepa Alcaine, declaró ayer en Radio Vitoria que «no hemos tenido ninguna noticia» por parte de la dirección de la empresa y que están «a la espera de que se aclare la situación».

Alcaine añadió que los trabajadores confían en que no se pongan en riesgo los 700 empleos de la planta y dejó claro que «queremos que esta fábrica siga creciendo en personal, seguir manteniendo los puestos de trabajo y quedarnos aquí».

En declaraciones a Efe Televisión, el también representante de CCOO en la fábrica explicó que Talgo da empleo directo a unas 2.500 personas en todo el Estado español, de las cuales 700 trabajan en la planta de Ribabellosa, y, por lo tanto, «interesa que se quede» en el Estado.

En la actualidad hay «muchísima» carga de trabajo y la planta «tiene la capacidad que tiene, no puede fabricar mucho más», explicó Kepa Alcaine. Por ello, consideró que la dirección debe decidir «qué tipo de socio quiere», si un inversor que ponga dinero para ampliar las actuales instalaciones y poder producir más o uno industrial para fabricar en otros lugares.

Los trabajadores están «a la expectativa», pero reclaman «que se sigan manteniendo las fábricas y los puestos de trabajo en España», resumió Alcaine, que pidió al Gobierno que se reúna con los sindicatos para informarles sobre su postura en este tema.

«NERVIOSISMO»

Por su parte, David Serrano, también de CCOO, dejó claro que la plantilla de Talgo vive con «cierto nerviosismo» todo lo relativo con la opa del grupo húngaro y el veto del Gobierno español. «Cuanto más se tarde en el proceso, más nerviosismo, y no será bueno para los trabajadores, para la empresa ni para los accionistas», advirtió.

El sindicalista aseguró que hasta la fecha la dirección de Talgo les «transmite tranquilidad», les traslada que los puestos de trabajo están «asegurados» y que «trabajarán para que siga así». Sin embargo la plantilla quiere «saber qué va a pasar» y pide que se garantice la viabilidad de la empresa y la continuidad del empleo.

DESDE 1966

La actividad de la planta de Talgo en Ribabellosa empezó hace 58 años, en 1966. En esta fábrica se construyen trenes de alta tecnología para varios continentes y también se esta desarrollando el que será el primer tren de hidrógeno del Estado español, el Vittal One.

Otro de los hitos tecnológicos salidos de esta planta es el Talgo Avril, que es capaz de transportar a más de 600 viajeros a 330 kilómetros por hora. Así, es el tren de muy alta velocidad más ligero del mundo, lo que unido a su capacidad, permite un bajo coste energético por viajero. Además, se trata del primer tren del mundo con capacidad para circular a más de 300 kilómetros por hora tanto en ancho ibérico como en ancho internacional. Esta tecnología de adaptación a diferentes anchos de vía es una de las particularidades de Talgo.

VÍAS LEGALES

El grupo húngaro Magyar Vagon dispone de varias vías legales en las que recurrir el rechazo del Gobierno español. A nivel estatal, el grupo podría presentar un recurso contencioso-administrativo, argumentando falta de proporcionalidad o insuficiencia en la motivación, explicó ayer a la Agencia Efe la abogada del departamento mercantil de Augusta Abogados, Claudia Rouras.

Pero también podría actuar en Europa. Una opción sería, prosiguió Rouras, una queja formal ante la Comisión Europea «alegando que el veto del Gobierno español infringe las normas de la Unión Europea (UE)».

Por otro lado, podría instar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para obtener una interpretación sobre el concepto de seguridad estatal y su aplicación en este contexto.

El éxito dependerá de si se demustra que la decisión española «es injustificada, arbitraria o desproporcionada».