Desde 2011 el 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. La ONU define las desapariciones forzosas como una estrategia para infundir terror en la ciudadanía, que busca que la sensación de inseguridad no se limite a los desaparecidos y a sus familiares sino que afecte a toda la comunidad. Una estrategia que fue ampliamente utilizada por las dictadura militares y que tiene la consideración de ataque contra la población civil y que, por tanto, es un delito de lesa humanidad que no prescribe.

A pesar de la claridad de la definición, en la práctica las cosas resultan siempre mucho más complicadas. Por una parte, la búsqueda de la verdad a menudo se ve dificultada por toda clase de circunstancias, y algunas, como los «pactos de silencio» entre los represores, se convierten en murallas infranqueables. Buen ejemplo de ello es Chile, donde el Gobierno de Gabriel Boric puso un marcha un plan nacional de búsqueda de desaparecidos que en un año apenas ha logrado identificar a 307 de las 1.469 víctimas de desapariciones forzosas. Con todo, se han dado importantes pasos para superar el muro de silencio, como la creación de un único registro oficial y la centralización de la información, que permitirá buscar patrones comunes. A pesar de los obstáculos, si existe voluntad política se puede avanzar en el conocimiento de la verdad.

Más preocupante resultan los intentos del Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel, de minimizar los crímenes de la dictadura. Quiere reinstaurar la llamada teoría de «los dos demonios» y equiparar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar con las acciones de la insurgencia. Un intento que se fundamenta, por un lado, en un plan para liberar a los militares condenados y cerrar los sumarios pendientes, y por otro, en la intención de reabrir las causas contra los militantes de la década de los 70. De momento ya ha retirado el estatuto de refugiado a un militante italiano de las Brigadas Rojas a petición de Giorgia Meloni. El negacionismo de la ultraderecha muestra el creciente peligro de una involución en la lucha por la memoria.