El Ejecutivo de Lakua representado por Iñigo Urkullu y Jonan Fernández cuestionó con insistencia el diseño del desarme finalmente acordado por los Artesanos de la Paz y el Gobierno francés, maniobró en su contra a través de presiones y filtraciones, y mostró más confianza en el Gobierno Rajoy que en los activistas vascos. Es lo que se desprende de las actas ahora reveladas.