La Casa Blanca defiende las deportaciones del fin de semana en base a una ley de 1798
La Casa Blanca negó ayer que el Gobierno estadounidense ignorase la orden judicial para impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798. La Administración Trump alegó que el dictamen del juez federal James Boasberg «carecía de fundamento legal».

A pesar de que el juez federal James E. Boasberg bloqueó la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798 y permite las deportaciones sin una audiencia, y suspendiera durante 14 días la ejecución de cualquier tipo de deportaciones basadas en esta ley de guerra, la Administración Trump deportó a El Salvador a 238 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua y a otra veintena de la Mara Salvatrucha (MS-13). Todos ellos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel diseñada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien llegó a burlarse de la noticia del blqueo judicial.
La Ley de Enemigos Extranjeros está diseñada para ser invocada en tiempos de guerra con otro país o si una nación extranjera invade EEUU o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.
El sábado, Trump recurrió a ella para acelerar las deportaciones de los supuestos miembros del Tren de Aragua que, según dijo, «está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra contra el territorio de EEUU tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o de otro tipo, del régimen de Nicolás Maduro».
La Casa Blanca alegó ayer que cuando llegó la orden del juez llegó ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, pero datos de los vuelos indican que los aviones aterrizaron en Honduras a las 19:37 hora del este de Estados Unidos, antes de tomar camino de El Salvador, y la orden del juez se emitió a las 18:46 y fue publicada a las 19:26.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que «la orden judicial, que no tiene base, fue emitida después de que los extranjeros terroristas hubieran abandonado el territorio».
«Esta claro que hay activistas de izquierda que se sientan al frente de los tribunales y que no tienen aprecio por el presidente ni sus políticas, pero lo cierto es que todo lo que hace Trump está dentro de su autoridad ejecutiva», añadió.

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