La portavoz del Gobierno de Lakua y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, anunció ayer la aprobación del anteproyecto de Ley de Transparencia, que es la misma que el último Ejecutivo de Iñigo Urkullu remitió al Parlamento sin tiempo para su aprobación antes de que el lehendakari convocara elecciones y disolviera la Cámara autonómica.

Este será el cuarto proyecto sobre transparencia que el Gobierno de Lakua envía al Parlamento desde que el PNV volvió a Ajuria Enea. Una vez por legislatura. Sin que nunca hasta ahora se haya podido debatir y votar. La CAV es la única comunidad autonómica que no dispone de una ley de este tipo. En esta ocasión, la consejera mostró su esperanza de que la ley pueda hacer todo su recorrido e incluso recoger mejoras durante el trámite parlamentario.

Aseguró que durante los nueve meses en el cargo se ha estado estudiando si el proyecto de la anterior legislatura cumplía las necesidades actuales, y se ha llegado a la conclusión de que sí, y que además mantener el mismo texto agilizará plazos.

Ubarretxena destacó que «el texto aprobado en Consejo de Gobierno tiene como objetivos profundizar en la transparencia de la Administración; impulsar la gobernanza colaborativa y facilitar el derecho y acceso a la información y la rendición de cuentas». Afectará a todas las instituciones de la CAV, salvo a las diputaciones forales que ya cuentan con sus propios instrumentos.

La consejera llamó también la atención sobre que «la ley contempla la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, un órgano independiente, que velará por garantizar que la Administración Pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información». Explicó que «la ciudadanía podrá interponer ante este órgano una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o esta no sea la deseada por el ciudadano o ciudadana».

ÚNICA COMUNIDAD SIN LEY

Como ya se ha apuntado, la CAV es la única comunidad autonómica que no tiene aprobada una ley de transparencia, y en las últimas tres legislaturas ha sido evidente su falta de voluntad para llevarla adelante.

Pero es que en esta materia, el Gobierno de Lakua ha actuado en los últimos años como el perro del hortelano, que «ni come ni deja comer». La promesa de una ley de transparencia ha sido utilizada por el Ejecutivo autonómico para vetar propuestas de control de la actividad pública presentadas por EH Bildu, como la creación de una Oficina Contra la Corrupción, la redacción de ley de control de «lobbies», y ni siquiera se admitió a debate una normativa contra las puertas giratorias.

También se ha aducido que la CAV ya «cuenta con órganos independientes como la Comisión de Ética Pública y el Sistema Interno de Información de Infracciones Normativas y de Protección de las personas Informantes que velan por el cumplimiento de los principios éticos y de buen gobierno en las instituciones públicas y garantizan la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía».

Lo que ocurre es que hasta la fecha se ha demostrado empíricamente que dichos instrumentos no han sido suficientes para evitar determinadas malas prácticas, como el «caso De Miguel» o algunas puertas giratorias.

El proyecto de Ley también incorpora, según Lakua, «mayores obligaciones de publicidad activa cuyo conocimiento resulta relevante para garantizar la transparencia de la actividad de todo el sector público de la CAV y establece un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia.

La consejera enmarcó este paso dentro de la estrategia que impulsa el lehendakari Pradales, que «ya ha anunciado la puesta en marcha de una ponencia de trabajo en la Cámara Vasca para la Mejora de la Calidad Democrática».