El extendido descrédito de la política es consecuencia de la charlatanería de sus profesionales. Por eso, es imprescindible cuidar el lenguaje, no ser grandilocuente ni con las palabras ni con los gestos, dejando que los hechos hablen por quien gobierna. La necesidad de cambio incita a la acción, a referir sin retórica lo realizado.

Una de las razones por las que la candidatura de Bildu fue masivamente votada en las elecciones forales y municipales de 2011 en Gipuzkoa fue, precisamente, por su compromiso con hacer las cosas de otra manera. Bildu concurrió con una firme determinación: romper con el triángulo de intereses cruzados que cercaba Gipuzkoa desde los ochenta, y cuyos vértices son el «Diario Vasco», la patronal Adegi y el PNV. Solo una alianza política heredera de la base social abertzale y progresista del herrialde podía desbancar del poder a esta terna, y Bildu lo consiguió. Tras varias décadas de «vino y rosas» en las principales instituciones de Gipuzkoa, un vendaval, el despunte de un tiempo nuevo, situó a Bildu ante un reto insoslayabale: estar a la altura de lo reclamado por la ciudadanía y trabajar en consecuencia.

Han pasado más de dos años desde que decenas de gobiernos locales y el Gobierno foral iniciaron una nueva andadura. Esta ha venido marcada por un modo de hacer genuino, en las antípodas del modelo de gestión y relación con la ciudadanía que caracterizaba a gobiernos anteriores. Acuñamos un nuevo leit motiv que iba más allá de la expresión de los nobles deseos habituales: Gipuzkoa Berria. Dos palabras impermeables al crédito ciudadano si no vienen avaladas por los hechos. Para hacer y dejar ver, abrimos puertas y ventanas de ayuntamientos, Juntas Generales y Palacio Foral.

Desde el primer instante supimos que no iba a ser fácil. Agitado el avispero, el Gobierno de Bildu se ha visto sometido a una presión sostenida y conjuntada en estos dos años y medio. A la modesta pero sostenida tendencia al cambio observada en los primeros meses, se le contestaba con exabruptos, acusaciones de uso «partidista del poder» en cada comparecencia de los partidos de la oposición. Los gobiernos foral y locales, con limitados recursos y competencias en casi todas las materias, pasaban por ser «gobiernos bolivarianos», «terminales de la Stasi alemana» o ejemplos de «incapacidad e imposición». PNV, PSE y PP llevan clamando desde entonces por hacer valer la supuesta mayoría que detentan en las Juntas Generales, olvidando que para hacerla valer es preciso articularla en un programa de gobierno alternativo y retratarse todos juntos como responsables de ese proyecto. A día de hoy siguen rehuyendo aparecer juntos en la foto, sabedores de que su combinación es indigesta para la sociedad guipuzcoana.

Hay datos objetivos para verificar que el modo de gobernar Gipuzkoa ha cambiado. Con menos medios económicos que nuestros antecesores, con muchos más condicionantes, hemos puesto en marcha, evocando a Ernesto Galeano, un mecanismo implacable: elegir lo que queremos ser y, con ello, cambiar lo que somos. En ese camino, las personas, sus necesidades, Gipuzkoa, su presente y su futuro son y serán las prioridades. Lo dijo el diputado general, Martin Garitano, nada más ser investido, a los medios de comunicación: no hemos venido a paralizar Gipuzkoa. Sí, en cambio, estamos imprimiéndole un nuevo movimiento, el que demandaba la mayoría social del territorio.

Sin prejuicio para la pluralidad política, hemos fomentado acuerdos y facilitado consensos. Además, los habitantes de Igeldo han sido consultados acerca de su voluntad de autogestión, siendo, asimismo, decenas las localidades que han abierto procesos participativos para determinar el uso de los recursos o definir la preferencia de los ciudadanos.

Tan importante como expandir la participación ciudadana lo es garantizar el respeto a sus derechos básicos, empezando por el de la cobertura a los más desfavorecidos. Así, la necesidad de una nueva fiscalidad era un clamor en Gipuzkoa, tras décadas de exenciones, «vacaciones fiscales» y todo un catálogo de trampas, módulos y artimañas para defraudar a Hacienda. Para detener la progresividad fiscal en Gipuzkoa, la oposición no ha tenido más remedio que fotocopiar las exigencias de la patronal y convertirlas en propuesta de norma foral. La cláusula social en los contratos con las instituciones gobernadas por Bildu es de obligado cumplimiento para las empresas, así como su ejecución en euskara cuando las características de la prestación que se contrata así lo exijan. Los derechos laborales y lingüísticos de las personas no pueden ser ignorados.

Por lo que respecta a los recursos, estos treinta meses han dejado claro que los gobiernos de Bildu han frenado en seco el derroche y la construcción de grandes infraestructuras como fórmula de estimulación económica. Esta fracasada receta solo atendía al balance de explotación de los negocios de unos pocos, y apuntalaba un modelo de gasto público a la medida de la Banca y de Adegi. Los hechos confirman que en este nuevo tiempo en Gipuzkoa el gasto social ha crecido exponencialemente, y no lo ha hecho en detrimento del estímulo de la economía. El gasto y las ayudas en este capítulo, claro está, no han beneficiado a los amigos de Pello Guibelalde. Los «planes de crisis» de Bildu se tasan y conforman en los departamentos de Innovación, Desarrollo y Hacienda, pero también en el de Política Social. Es un cambio de paradigma que no ha pasado desapercibido ante millares de personas desprotegidas en Gipuzkoa. En el balance de la gestión, la propaganda de la oposición apenas araña la solvencia demostrada.

Los mismos que nos acusan de haber «regalado» ocho millones de euros a las empresas de la incineradora de Zubieta ocultan que, en realidad, lo que hemos hecho es librar a la sociedad guipuzcoana de pagar quinientos millones por una infraestructura amañada e innecesaria. Y, a la par, silencian otro dato fundamental: solo con la revisión del contrato de la sociedad pública Bidegi con Bidelan (adjudicataria de la explotación y gestión de la AP-8 y AP-1), el ente foral se ha ahorrado 17 millones de euros. Exactamente el doble de lo abonado a las empresas de la incineradora por finiquitar tan controvertido contrato. Ponen el grito en el cielo cuando tendrían que dar concienzudas explicaciones a la ciudadanía acerca de los motivos por los que pagaban a las empresas mucho más (3,5 millones por año) de lo que éstas estaban dispuestas a percibir ofreciendo el mismo servicio.

Gipuzkoa, el conjunto de Euskal Herria, necesita igualmente buenos gestores del proceso político abierto hace dos años. Con ese fin, desde Aiete, y con escala en numerosos pueblos, hemos dado pasos en múltiples direcciones. Y lo hemos hecho con todas las personas, asociaciones e instituciones que entienden que la libertad y la paz son la mejor inversión política y colectiva.

Podría extenderme, pero serán los hechos los que hablen, ya que el trabajo desarrollado por EH Bildu desde las instituciones y fuera de ellas no ha hecho sino empezar. Seguiremos cumpliendo la palabra dada, impulsando Gipuzkoa Berria con los agentes sociales, tendiendo la mano para encontrar compañeros de viaje en la senda de la democracia real y de la construcción nacional. Cerrando acuerdos, y abriendo la mirada al exterior. Si nos volvemos introspectivos y meros intérpretes de las necesidades y anhelos ajenos, corremos el riesgo de equivocarnos. En estos dos años y medio hemos cometido ese error en más de una ocasión. Y esa parte de nosotros y nosotras es la que nos comprometemos a mejorar. Escucharemos con mayor atención a los sectores populares que nos critican desde el compromiso con el cambio. Con una Gipuzkoa que seguirá cambiando.