El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) fue puesto ayer bajo custodia -equivalente a una detención preventiva hasta la conclusión del interrogatorio, que puede prolongarse un máximo de 48 horas- tras haber sido citado a declarar sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. La víspera, la Policía judicial especializada en infracciones financieras y fiscales había detenido a su abogado, Thierry Herzog, y a los magistrados del Tribunal Supremo Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, que seguían en régimen de «garde à vue».

El arresto de Sarkozy, una medida inédita en relación a un ex jefe del Estado francés, se inscribe en el caso de presunta financiación ilegal de la campaña electoral del exmandatario de 2007, que habría contado con aportaciones económicas de la multimillonaria heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, y del entonces presidente de Libia, Muamar Gadafi. Las escuchas a las que fue sometido Sarkozy en el marco de ese sumario condujeron en febrero a la apertura de una investigación judicial por los cargos de «violación del secreto de sumario» y de «tráfico de influencias».

Esas escuchas desvelaron que Sarkozy utilizaba un teléfono móvil clandestino, con el seudónimo de Paul Bismuth, para hablar con Herzog, que también disponía de un teléfono clandestino.

De Azibert, cercano a Herzog, se sospecha que recababa información de consejeros del Supremo sobre los avances en esa investigación bajo secreto de sumario. Según esa hipótesis, el abogado de Sarkozy le prometió como contrapartida que el expresidente le ayudaría a conseguir un puesto prestigioso en Mónaco.

Los investigadores tratan de determinar si el expresidente y su entorno crearon una «red» de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazaban al político derechista. y también si Sarkozy fue informado de que la Justicia había autorizado en setiembre la escucha de sus conversaciones telefónicas.

Si sale imputado, Sarkozy podría enfrentarse hasta a diez años de prisión y 150.000 euros de multa, según las circunstancias.

Retorno político complicado

La detención preventiva de Sarkozy para ser interrogado se produce en momentos en los que arrecian en el Estado los rumores sobre su voluntad de volver a la primera política y de tratar de recuperar la jefatura del partido conservador UMP.

Sarkozy, de 59 años, fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2012 por Francois Hollande, y la actual investigación puede complicarle cualquier tentativa de presentar su candidatura en los comicios de 2017.

Según rumores insistentes, el expresidente pretende volver a la vida política, tomando las riendas de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), empantanada en una crisis sin precedentes a raíz de un escándalo de falsas facturas y debilitada por el avance de la ultraderecha en las últimas elecciones europeas.

Miembros de la UMP defendieron ayer la presunción de inocencia de Sarkozy y denunciaron el acoso judicial al que en su opinión se le ha sometido.

«Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que luego se viene abajo. (...) Empieza a resultar cansino», afirmó la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.

Aseguró que la ciudadanía comienza a ver «una suerte de instrumentalización de la Justicia» contra Sarkozy y contra su posible regreso a la primera línea política, a la que quiere volver como «salvador de Francia».