El Gobierno español insiste en discriminar a víctimas de GAL y BVE
El Gobierno español insiste en negar las indemnizaciones como víctimas del terrorismo a los familiares de los muertos y a los heridos por atentados del GAL y del BVE. El Ministerio de Interior ha respondido a Amaiur que no les niega la condición de víctimas sino el derecho a la indemnización, porque en base a sus informes -no a sentencias- pertenecen a ETA o a organizaciones ilegalizadas vinculadas a ella.
El Gobierno español aduce tener amparo legal para denegar las subvenciones como víctimas del terrorismo a los familiares de los muertos o heridos en acciones de organizaciones como los GAL, el Batallón Vasco Español u otros de similares características. Y añade que para quienes quieran recurrir contra ellas «queda expedita la vía judicial».
En respuesta a una pregunta presentada por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, el Ministerio de Interior basa su denegación en que son «solicitudes de indemnización de personas o familiares de fallecidos que fueron miembros de la organización terrorista ETA o estuvieron relacionados estrechamente con organizaciones ilegalizadas por su apoyo a aquélla».
Desde hace algún tiempo, el Gobierno español está denegando indemnizaciones a víctimas del GAL, BVE y otras organizaciones similares alegando justificaciones como que era una «persona de ideología abertzale» o «cercana a Herri Batasuna». Al tener constancia de ello, el Gobierno de Lakua encargó un informe al Instituto Vasco de Criminología, que llegó a la conclusión de que el Ministerio del Interior podría estar prevaricando con estas decisiones.
Excusa europea
En su respuesta a Amaiur, el Gobierno español señala que al denegar las solicitudes de indemnización «no entra a valorar la condición de víctima del terrorismo o no de los solicitantes» (que, por otra parte, ya la tienen legalmente reconocida) sino «al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos».
Para justificar su trato discriminatorio, el Ministerio del Interior se remonta a un convenio europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos que apunta que «se podrá reducir o suprimir (...) la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos».
Acusación sin prueba
Ante esta excusa, el Instituto Vasco de Criminología ya dejó constancia de que el referido convenio no obliga a suprimir la indemnización. Y añadía que, en todo caso, para determinar que una víctima «participa de la delincuencia organizada» debe constar una sentencia firme en ese sentido. Sin embargo, las denegaciones se han justificado con meros informes policiales que primero decían que el fallecido era «persona de ideología abertzale» y luego, ante el recurso, se añadía que el Ministerio «confirma su condición de miembro de ETA».
El Gobierno asegura que estos informes son perfectamente válidos para estos procedimientos «en los que no se pretende enjuiciar presuntas responsabilidades penales, sino sólo reconocer o denegar unos derechos indemnizatorios».
El Ministerio alega que quien no esté conforme, puede recurrir a los tribunales.
Los miembros del IVAC se mostraron «horrorizados»
El Gobierno de Lakua encargó al Instituto Vasco de Criminología un informe sobre estas denegaciones de subvenciones que sus autores presentaron el pasado 30 de marzo en el Parlamento de Gasteiz. El catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y la doctora en Derecho Penal Ana Pérez aseguraron que Madrid vulnera la legalidad y viola derechos fundamentales.
Los miembros del Instituto Vasco de Criminología se mostraron sorprendidos de que el cambio legal se introduzca a través de una disposición adicional de los presupuestos de 2013, cuando se requeriría una ley orgánica. Además, se vulnera el carácter no retroactivo de las leyes que perjudican a quienes se les debe aplicar. Y se produce una flagrante violación de la presunción de inocencia y del principio de legalidad cuando se adoptan decisiones sin que exista una sentencia judicial que determine que alguien es un delincuente.
Ignacio Muñagorri y Ana Pérez aseguraron que «nos quedamos perplejos pero también horrorizados cuando empezamos a analizar los recursos», viendo que las denegaciones se basaban en meros informes de la Guardia Civil y no en sentencias firmes.
Destacaron que en su opinión la actuación del Ministerio de Interior podría ser delictiva, al haber incurrido en un caso claro de prevaricación. I.I.
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