«En los terroríficos sótanos de Canillas es donde viví el infierno». Las palabras de Egoi Irisarri, uno de los imputados que ayer declararon en la primera sesión del macrojuicio político contra 28 jóvenes vascos, resumen los testimonios que se escucharon ayer en la Audiencia Nacional española. De los ocho independentistas que tomaron la palabra, siete denunciaron haber sido torturados por la Policía española. Además de Irisarri, Ander Maeztu, Garazi Autor, Izaskun Goñi, Ohiana López, Eneko Villegas e Ibon Esteban relataron ante la sala, presidida por Ángela Murillo, los tormentos padecidos. Únicamente Endika Pérez, detenido en Lapurdi en 2011, no refirió malos tratos. La primera jornada de la vista oral sirvió para poner en evidencia que las inculpaciones obtenidas durante la incomunicación constituyen la única base de un macroproceso cuya acusación se sustenta únicamente en tesis policiales. Ayer, los jóvenes rechazaron ser integrantes de una «organización terrorista», pero sí que detallaron su actividad política y pública en ámbitos tan diferentes como el movimiento estudiantil, vecinal y cultural.

«Me obligaron a hacer ejercicio físico hasta la extenuación. Tuve que hacer flexiones, me golpeaban e incluso se decían entre ellos que debían ponerme un jersey para no dejar marca». En un estremecedor relato, Irisarri describió el in crescendo del maltrato durante los cinco días que permaneció incomunicado. Hasta tal punto llegaron los golpes y las sesiones de «bolsa» que tuvo que ser trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Según relató, los policías sabían que padecía una infección de orina. Una circunstancia que aprovecharon para «machacarme los testículos». «No podía aguantar cinco minutos más», afirmó ante el tribunal, tras recordar que fueron los mismos agentes que le habían maltratado los que le trasladaron al centro médico, desde donde escuchaban qué es lo que el joven relataba a los médicos.

Dos años sin poder declarar

No fue hasta después de ser atendido cuando Irisarri firmó, forzado, su declaración policial. «Su contenido es falso. Repetía lo que me decían y me inventé respuestas para que dejasen de golpearme», explicó. El joven fue detenido el 22 de octubre de 2010. Sin embargo, llevaba desde 2008 tratando de presentarse ante el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, que no respondió a los requerimientos por escrito de sus abogados, que solicitaban poder presentarse en sede judicial sin pasar por comisaría. El magistrado, sin embargo, prefirió esperar y ordenar el arresto incomunicado. Según quedó en evidencia ayer, ni siquiera se preocupó de personarse en comisaría cuando tuvo conocimiento de que Irisarri había sido hospitalizado. Eso no evitó que el juez tuviese conocimiento del tormento, ya que el propio joven lo denunció cuando declaró en su despacho, donde también negó lo afirmado ante los policías.

El de Irisarri no fue el único testimonio de torturas que se escuchó ayer en la Audiencia Nacional española. Estos se sucedieron desde el primer momento y, tal y como explicaron sus víctimas, buscaban obtener inculpaciones. «La declaración policial la obtuvieron mediante torturas físicas y sicológicas», afirmó Ander Maeztu, quien aseguró haber estado «paralizado por el miedo» ante los golpes y las sesiones de «bolsa». «Podían hacer conmigo lo que quisiesen», relató. En la misma línea, Garazi Autor e Izaskun Goñi detallaron los golpes y las amenazas, a las que se suman vejaciones sexuales como tocamientos. Ambas se emocionaron al dar cuenta de las presiones de las que fueron objeto. A Autor, por ejemplo, le aseguraron que su padre estaba en el hospital. Goñi, por su parte, habló sobre la «angustia» que padeció durante los dos años en los que trató de presentarse, sin éxito, ante la Audiencia, después de tener conocimiento de que había sido incluida en las «listas negras».

La sucesión de terribles testimonios también dio la oportunidad de identificar a uno de los agentes responsables de las torturas. Lo señaló Ibon Esteban, quien mostró a la juez Murillo una fotografía con el rostro del policía a quien sitúa como uno de los participantes en los interrogatorios ilegales donde fue maltratado. Según explicó el joven, se trata de un hombre de mediana edad, con «pelo canoso» y voz afónica que pudo identificar por su participación en el programa «Informe Semanal». Lo identificó como jefe de la Brigada de Información de la comisaría de Iruñea, por lo que ya ha participado, como testigo de la acusación, en otros macrosumarios como el celebrado el pasado año contra otros 40 jóvenes independentistas. La juez, que no recogió la imagen, le respondió que la denuncia no procedía en ese momento y que, en todo caso, debería incorporarla a su querella por maltrato. Un trámite judicial que, como en otros muchos casos, ya ha sido archivado por los jueces españoles.

La merienda de los toros

Al margen de los relatos de tortura, la sesión puso de manifiesto el carácter político del procedimiento. Así lo denunció Garazi Autor, quien rechazó la «licitud» del tribunal para juzgar «actividades políticas». No le dio tiempo a más ya que Murillo le ordenó callar. Lo mismo ocurrió con Endika Pérez, que calificó de «político» el proceso. A petición de la magistrada, volvió a repetir la frase. Apenas pudo pronunciarla, ya que Murillo respondió rápidamente «cállese» a la respuesta que ella misma había solicitado.

No obstante, esta motivación quedó clara tanto en las preguntas del fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, como en las pruebas documentales. Participar en una concentración de recuerdo a Angel Berrueta, en ruedas de prensa públicas o en actos como el txupinazo de Atarrabia se convertían en la sala en hechos sobre los que dar explicaciones. De este modo, se escucharon explicaciones sobre qué es una batukada, en qué consiste un grupo de zanpantzar o cómo funciona el Consejo de la Juventud de Atarrabia. En este punto se llegaron a vivir momentos hilarantes, como cuando Egoi Irisarri tuvo que explicar que un papel hallado en su domicilio no se correspondía a una lista de miembros de Segi, sino que se trataba de los miembros de la peña sanferminera y los turnos para llevar la merienda a los toros.

Por la resolución del conflicto

Los jóvenes también tuvieron oportunidad de denunciar el carácter político del proceso y reivindicar soluciones políticas para el conflicto vasco. Lo hicieron después de que la presidenta de la sala, Ángela Murillo, ordenase la detención de Jazint Ramirez, Xabier Arina, Imanol Salinas, Igarki Robles e Irati Tobar, los cinco arrestados en Loiola, y advirtiese que deberán estar en prisión mientras se alargue el juicio por «riesgo de fuga».

Antes de la primera declaración, los imputados dieron la espalda al tribunal, subieron a las sillas y exhibieron carteles contra el proceso y por la resolución. Apenas se pudo ver ya que la juez ordenó cortar rápidamente la señal. Pese a amenazar con la suspensión de la sesión, esta prosiguió una hora más tarde. Eso sí, lo hizo sin público. Los allegados tampoco podrán asistir ni hoy ni mañana, cuando testifican los jóvenes.