La exsenadora Piedad Córdoba, actualmente portavoz de Colombianos y Colombianas por la Paz y de Marcha Patriótica, integra la quinta y última delegación de víctimas que ayer viajó a la capital cubana. Ante las críticas que ha suscitado en Colombia su presencia en este grupo, filtrada días antes, el director de la Oficina de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, recordó que Córdoba ha sufrido «muchos hechos victimizantes», como amenazas de muerte y «ataques graves a su dignidad como persona», además de intentos de homicidio, secuestro y exilio. Admitió que es «un personaje político y que muchos no comparten sus ideas. Pero al mismo tiempo pensamos que por no compartir su visión política no se puede desconocer los hechos victimizantes que ha tenido que vivir en su vida».

Junto a Córdoba viajaron otras once personas: Magda Correa de Andreis, hermana del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, muerto por paramilitares y miembros del centro de inteligencia colombiano DAS en 2004 cuando investigaba sobre desplazados en los departamentos de Bolívar y Atlántico; Maurice Armitage, empresario del Valle del Cauca secuestrado en dos ocasiones -una de ellas por las FARC-; Domingo Tovar, expresidente de la central sindical CUT; Isabella Vernaza, retenida junto a 165 feligreses de la iglesia de La María en Cali en mayo de 1999 en una acción atribuida al ELN; Jairo Barreto López, coordinador de la Asociación de Víctimas de Chengue 17 de Enero; Camilo Villa, hijo del abogado y defensor de derechos humanos Ricardo Villa, muerto por paramilitares; María Susana Portela Lozada, alcaldesa de Florencia Caquetá; el cabo primero del Ejército Juan Manuel Hernández Sosa; la religiosa Gloria Cecilia Londoño; la líder afrocolombiana Francia Márquez y el líder campesino Nilson Antonio Liz.

La agenda de 2015

Ayer, la subcomisión de género creada en La Habana se reunió con mujeres expertas en cuestiones de género, que expusieron a las partes el impacto del conflicto en las mujeres.

Con ambas reuniones se pondrá fin a este ciclo de conversaciones. La mesa reanudará sus actividades a mediados de enero. La discusión sobre las medidas a acordar para rebajar el conflicto, el reconocimiento del delito político, la situación de los presos o sobre la aplicación de la justicia transicional centrarán la agenda más inmediata.

También se darán a conocer las conclusiones de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, compuesta por doce expertos y dos relatores, a quienes se dio un plazo de seis meses para presentar sus informes.