PP y PSOE apoyan la actuación del fiscal contra Hasier Arraiz
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ordenó ayer abrir diligencias de investigación contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, para analizar si pudo incurrir en «injurias y amenazas al Estado y a la Guardia Civil» al afirmar, tomando el nombre de la operación policial del lunes, que es momento de dar «jaque mate» al instituto armado y que se vaya de Euskal Herria.
Después de que Arraiz respondiera a la operación en la que fueron detenidas dieciséis personas, entre ellas una de las portavoces de Sortu, Amaia Izco, se inició una carrera para ver quién lo llevaba con mayor celeridad ante los tribunales. El ministerio de Interior, el de Justicia y hasta Covite alentaron la necesidad de investigar esas palabras.
El vencedor, quizá por su mayor entrenamiento, fue el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo. El fiscal Juan Calparsoro anunció ayer que a primera hora de la mañana ya tenía sobre la mesa un escrito de denuncia y que había decidido abrir una investigación. Hasier Arraiz es parlamentario y, por tanto, corresponde al TSJPV actuar contra él.
El lunes trascendió que el Ministerio de Interior había denominado a la operación policial del lunes con el nombre de «Mate», después de que la de hace un año, también contra abogados, fuera llamada «Jaque». Ante ello, el presidente de Sortu, en la declaración del Consejo Nacional del partido para denunciar la redada, afirmó que es el momento de que la ciudadanía vasca dé «jaque mate a la Guardia Civil» y de que abandone Euskal Herria.
También añadió que «estamos, sin lugar a dudas, frente a un Estado terrorista, un Estado Quijote que ve gigantes donde solo hay molinos, que ve terroristas donde solo hay abogados, y que en lugar de ver militantes políticos ve peligrosos criminales aunque nuestras únicas armas solo sean el bolígrafo y el papel».
El delegado del Gobierno en la CAV cree que estas palabras suponen un delito de «injurias y amenazas al Estado y a la Guardia Civil, que no pueden quedar impunes».
En su opinión, «la discrepancia radical con una actuación del Estado de Derecho no puede servir nunca de excusa para la injuria ni para la amenaza». «No debiera ser necesario recordar que las detenciones realizadas no son fruto del capricho de nadie, sino la consecuencia de un intenso trabajo de las FSE y ordenadas por el titular del Juzgado número seis de la Audiencia Nacional», indicó.
Gobierno y PSOE, de la mano
La vicepresidenta y dos ministros del Gobierno también salieron ayer en tromba para atacar a Hasier Arraiz.
Entrevistado en la COPE, el ministro de Interior, Jorge Fernández, aseguró que las palabras de Arraiz «me revuelven las tripas». Y declaró que durante años la intención de dar «jaque mate» a las FSE ha sido real, por lo que sentenció que «bromas, las justas». Además, añadió que el Gobierno no va a «replegar» a las FSE de Euskal Herria, porque han hecho una gran labor contra ETA.
También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció medidas judiciales. A su entender, las palabras de Arraiz son «sin duda, una falta de respeto a las instituciones democráticas».
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que las palabras del dirigente independentista muestran que su partido no es democrático. Señaló que «desde el punto político, el presidente de Sortu ha caracterizado con sus palabras a esta organización que representa y, así, ha puesto de manifiesto que, desde luego, están en la línea absolutamente contraria de lo que exige la democracia y de lo que exige en este momento la lucha contra el terrorismo».
El Gobierno español encontró en estas afirmaciones el apoyo absoluto del PSOE. Su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, tildó de «repugnantes» las expresiones de Arraiz y apostilló que «apoyamos totalmente la iniciativa de la Fiscalía de investigar la posible comisión de un delito».
No ven delito
Por contra, ni el Gobierno de Lakua ni el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados consideran que las afirmaciones de Hasier Arraiz sean delictivas. Josu Erkoreka señaló que lo «fundamental» de la situación «anómala» generada con las detenciones de este pasado lunes «no es el discurso» que puedan hacer unos y otros. Y el diputado Aitor Esteban pidió que no se le busquen «cinco pies al gato» a esas palabras, pues el presidente de Sortu recurrió obviamente a la misma terminología utilizada para denominar las operaciones policiales.
Entre tanto, la Unión de Oficiales Guardia Civil (UO) hizo público que «esas repugnantes palabras no son sino fertilizante para el trabajo del Cuerpo más querido por los españoles». «Bastaría preguntarse -añaden- a quién representa este señor como representante político en el Parlamento Vasco para apreciar que tal vez siga directrices al margen de aquellos que le votan». Por último, la asociación sostiene que «la Guardia Civil seguirá cercando a ETA, a pesar de escollos y traiciones. No vamos a dejar a ningún ciudadano a su suerte».
Pugna dialéctica entre Lakua y Madrid
Después de que el lunes el Gobierno de Lakua calificara de «absoluta falta de lealtad institucional» que Madrid no le hubiera avisado de la operación policial, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo estar sorprendido por la reacción «tan beligerante» del Ejecutivo autonómico. En declaraciones a la Cadena Ser, afirmó que «no entiendo muy bien la vinculación del Gobierno Vasco con este colectivo, parece que tienen la obligación de defender a los abogados del entorno filoetarra».
Preguntado por estas declaraciones en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Josu Erkoreka manifestó que habiendo conocido por los medios de comunicación que entre las acusaciones contra los detenidos están las de delitos fiscales, esto es un motivo más para que la Ertzaintza hubiera tenido conocimiento del operativo. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, señaló que la Policía autonómica solo fue avisada para que acudiera a los lugares de registro para mantener el «orden público» y que no recibieron más información de Madrid de la que había en la nota de prensa del Ministerio de Interior. GARA
Propuesta de celebrar una sesión especial del Parlamento de Gasteiz
EH Bildu ha presentado en el Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley de denuncia de las detenciones de doce abogados y otros cuatro ciudadanos vascos y ha solicitado que se trate de forma urgente con la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, que sustituye a los plenos en los periodos inhábiles de sesiones, como el mes de enero. La posible convocatoria de esta sesión especial será tratada mañana por la Junta de Portavoces.
El lunes, tras conocerse la redada, el grupo independentista intentó que el Parlamento hiciera una declaración institucional para denunciar lo que EH Bildu considera como «una injusticia». Sin embargo, según informó este grupo, la respuesta del resto de formaciones fue negativa. Ante ello, intentaron que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería, asumiera la iniciativa o hiciera ella misma algún tipo de declaración, lo que también fue respondido con una negativa.
EH Bildu también ha intentado que otras instituciones hicieran declaraciones conjuntas ante las detenciones. En Donostia, por ejemplo, el equipo de gobierno trató de que la Junta de Portavoces aceptara debatir de urgencia un texto calcado literalmente al que hace un año aprobaron con el apoyo de PNV y PSE tras la operación policial contra Herria. Sin embargo, en esta ocasión tanto ambos partidos como el PP se opusieron siquiera al debate de la declaración.
En Bilbo, EH Bildu denunció que el alcalde, Ibon Areso, se negó a convocar la Junta de Portavoces, tal y como la concejal Aitziber Ibaibarriaga solicitó el lunes ante el hecho de que cinco de los detenidos son vecinos de la capital vizcaina. En el Ayuntamiento de Gasteiz sí parece haber una iniciativa conjunta de PNV y EH Bildu. GARA
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