Hace una semana el fiscal general de Araba, Josu Izagirre, desmentía que se hubiera registrado un aumento del número de delitos violentos, tal y como afirmaban, en su particular pugna por los votos más conservadores, el PP y el PNV. El objetivo de esa campaña no era otro que crear desasosiego e inseguridad en la sociedad y atizar el miedo para, a renglón seguido, exigir más policía y más mano dura. En su editorial GARA decía que esa era una estrategia peligrosa que ayudaba a sembrar la semilla del fascismo.

Ayer se supo que una de las denuncias sobre la que en buena medida ha pivotado esa campaña era también falsa. Una mujer denunció haber sido víctima de una agresión en Gasteiz en la que habrían participado varios menores. Enfatizó que eran de origen magrebí y enseguida consiguió una amplia repercusión en los medios. Sin embargo, las investigaciones policiales no encontraron ningún indicio y ahora investigan a la joven por denuncia falsa. Un montaje tras el que aparece la mano de Vox, ya que la denunciante fue candidata del partido en 2015, y además la formación ultra ha utilizado esa denuncia para su campaña de estigmatización de los menores no acompañados. Este episodio viene a confirmar, una vez más, el peligro que supone contemporizar con la extrema derecha. No se va a detener ante nada en su empeño por incitar el enfrentamiento social. Su objetivo es destruir la convivencia hasta lograr que la sociedad avale una salida autoritaria.

A pesar de todas las campañas, lo cierto es que la sociedad vasca es cada vez más tolerante con la inmigración, tal y como acaba de corroborar el barómetro anual del Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi. El informe, además, refleja que frente a la incertidumbre provocada por la pandemia ha primado la solidaridad con los inmigrantes. Tal vez sea debido a que la sociedad vasca ha padecido como ninguna las embestidas del fascismo y por ello carece de credibilidad en Euskal Herria. Ya pueden tomar buena nota todos aquellos que les siguen el juego.