Apenas necesita presentación. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (1975, Santa Perpètua de la Mogoda), es una de las pocas figuras de consenso en el independentismo catalán; el más consciente, probablemente, de su papel como preso político, algo de lo que habla aprovechando su visita a Euskal Herria en el contexto del décimo aniversario de Aiete.

Se acaban de cumplir dos años desde la sentencia que les condenó por el 1-O. ¿Qué lecciones personales y políticas extrae de su paso por la cárcel?

La prisión en sí no te enseña nada, es el patio de atrás de la sociedad, pero desde la cárcel pueden hacerse muchos aprendizajes. El día a día pasa mucho más lento y tienes mucha mayor capacidad de discernir sobre las cosas, de evaluarlas, de pensar. Para mí, un primer aprendizaje, una gran decisión, fue asumir el rol de preso político, que no tenía muy claro cuando entré. Después, el gran aprendizaje, el que creo que es trascendental para el conjunto del movimiento soberanista, es que nuestro límite no pueden ser nunca más ni la cárcel ni la represión. El límite a nuestras aspiraciones nacionales no puede ser ese. El hecho de aceptar que, de manera ilegítima, el Estado ejercerá esta medida de presión y decidir que ese no será un límite, es un paso de gigante, porque supone desmontar una de las medidas coercitivas más grandes que tiene el Estado.

¿Cree que es un aprendizaje interiorizado por el conjunto del movimiento soberanista catalán?

Es algo que pide un cierto tiempo de aceptación y asimilación. La lucha por los derechos humanos, por el derecho a la autodeterminación y por la independencia es una lucha que, desgraciadamente, tenemos que tener claro que no será indolora. Lo sería si el Estado español fuese una democracia madura, pero no es el caso. Eso hace que nosotros tengamos que poner mucho más activismo del que en realidad sería necesario. Yo creo que está habiendo un aprendizaje colectivo y que, con diferentes intensidades y con el paso de los años, el conjunto del movimiento soberanista está aceptando que el límite nunca más pueden ser las amenazas de violencia, prisión o exilio por parte del Estado español.

Con todo, ¿se minusvalora el papel de la represión en la actual división en el seno del independentismo, o todo se debe a la pugna partidista?

El objetivo fundamental de la represión es detener la disidencia política y dividir a los que luchan. Diría que la unidad de acción entre las entidades de la sociedad civil se mantiene insobornable, teniendo claro cada uno cuál es nuestro ámbito de actuación prioritaria. Pero sí que es verdad que los partidos políticos no pueden hacer política con normalidad. No es normal que el president Puigdemont tenga que hacer política desde el exilio, que se pueda mover por todo el mundo y no pueda venir a Catalunya; o que Junqueras se haya pasado cuatro años en la cárcel.

Las dificultades, por lo tanto, existen, pero precisamente por eso exigimos bien fuerte, al conjunto de las organizaciones políticas independentistas, que tengan la generosidad y el sentido de estado suficiente para poder trazar de una vez por todas una estrategia compartida. Eso no quiere decir una uniformización del movimiento. Igual que hemos sido capaces de tejer grandes consensos de país en torno a la educación, la lengua o la migración, ahora tenemos que ser capaces de crear las condiciones para llegar a ese gran acuerdo de país que es imprescindible y que, para nosotros, debe girar en torno a la amnistía, la autodeterminación y el volverlo a hacer. Es decir, en volver a ejercer los derechos fundamentales que el Tribunal Supremo ha suspendido. En volver a votar tantas veces como sea necesario, porque entendemos que ejercer los derechos fundamentales es la mejor manera de protegerlos.

Tras Aiete, en Euskal Herria se miró mucho a Catalunya como ejemplo de que articular movimientos de masa por la independencia era factible. Diría que esta mirada no fue recíproca. ¿Haber mirado algo más a Euskal Herria hubiese ayudado a prever la actuación del Estado en octubre de 2017?

El Estado español decía que sin violencia se podía hablar de todo, y lo que hemos visto es que, cuando quieres hablar de todo, los que ejercen la violencia son ellos. Aiete deja muchas enseñanzas, creo que una de ellas es que la presión de la sociedad civil es imprescindible en la resolución de los conflictos políticos. Otra es que en una negociación sincera no puede haber vetos; y el Estado español sigue utilizando la estrategia del veto para decir que no se puede hablar de autodeterminación y amnistía, cuando el conflicto, precisamente, es sobre eso. Y una tercera cosa es la importancia de la implicación de la comunidad internacional, que también la hemos visto en Catalunya: la presión de la comunidad internacional es la que ha hecho que Pedro Sánchez nos acabase dando un indulto que había dicho que nunca nos daría.

Es imprescindible que, pese a las naturalezas políticas diferentes, existan esas miradas cruzadas entre Països Catalans y Euskal Herria. Lo que nosotros estamos viviendo ahora como movimiento soberanista no es diferente a lo que han podido vivir diferentes movimientos de liberación nacional o diferentes movimientos sociales en la historia de la humanidad. De ellos hay que aprender que la lucha, sobre todo la lucha no violenta, requiere de mucha perseverancia, y que los costes personales y colectivos son muy elevados. Estamos en un escenario que pide mucho tiempo, muchos años de lucha, pero pienso que ahora tenemos mayor predisposición a afrontarla que cuatro años antes.

Jordi Muñoz propone que al 1-O llegaban tres tesis paralelas: la de quienes iban de farol y buscaban forzar una negociación con el Estado, la de quienes aspiraban a crear un momento insurreccional, y la de quienes pensaban que sería un referéndum al uso y podría avanzarse hacia la independencia de la ley a la ley. ¿Dónde estaba Jordi Cuixart en 2017?

Lo seguimos diciendo a día de hoy, para nosotros, aquello que decida el Parlament de Catalunya tiene toda la legitimidad del mundo, porque es donde reside la soberanía del pueblo de Catalunya. Por tanto, nosotros no íbamos de farol, todo lo contrario. Lo que pedimos a los políticos es precisamente eso: que asuman aquello a lo que se comprometen y lo lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias.

Para nosotros no había ningún farol, y la posibilidad de pasar de la ley a la ley, aun siendo el escenario deseable, ya vimos que no era un escenario real. El 20 de setiembre se clausuraron páginas web sin órdenes judiciales, se registraron 17 domicilios particulares, se detuvo a decenas de servidores públicos, se intentó entrar en la sede de un partido político legalmente constituido sin orden judicial… el clima del mes de setiembre de 2017 en Catalunya, por parte del Estado, fue un clima de estado de excepción, ya podía verse que de la ley a la ley no iba a ser. Todo eso hace más valioso el gran éxito colectivo que son el 1 de octubre y el 3 de octubre, que es un punto de inflexión en el que, probablemente, no fuimos suficientemente conscientes de la fuerza que teníamos.

¿Era el momento?

El 1 de octubre es un momento fundacional, un ejercicio de desobediencia civil y de empoderamiento del que ni sus propios protagonistas eran conscientes. En la lucha no violenta se entiende que hay un proceso de maduración antes de llegar a una cosa tan drástica como es la desobediencia civil, pero aquel día nos saltamos como diez etapas en lo que es la lucha no violenta. Es algo muy típico de Catalunya en su historia. Ante la disyuntiva de obedecer una decisión de un Tribunal Constitucional al que no le reconocen legitimidad, y el ejercicio de derechos fundamentales, más de dos millones de personas eligieron ejercer sus derechos y asumir las consecuencias pese a la amenaza de violencia del Estado. Ese es un ejercicio de madureza social muy grande que tenemos que ser capaces de poner en valor.

Por tanto, el 1 de octubre tiene una fuerza brutal. Brutal. Y el 3 de octubre demuestra que mucha gente que no había ido a votar el 1 de octubre, viendo cómo el Estado renuncia a defender los intereses de la sociedad catalana, se posiciona abiertamente a favor de que Catalunya pueda avanzar en su camino hacia la liberación nacional. Para mí son dos fechas de una potencia espectacular que todavía ahora, después de cuatro años, no somos capaces de dimensionar. Los próximos años iremos dándonos cuenta, no para recrearnos, sino para poner en valor ese ‘lo volveremos a hacer’.

Antes tendrá que reencaminarse la encarnizada pugna partidista. ¿Tiene sentido presentarla como una liza entre quienes lo fían todo a la mesa de negociación y quienes lo hacen a la unilateralidad?

No mucho. La mesa de negociación tiene todo el sentido del mundo, pero si es en el marco de una estrategia compartida y no se emplea como arma arrojadiza. Nosotros lo que vemos es que quien no tiene ningún tipo de voluntad negociadora es el Estado español, por lo que emplazamos al Gobierno del PSOE a que demuestre con hechos que tiene la voluntad de resolver el conflicto político. Porque esto no va de transferencias de competencias, va de ejercer el derecho a la autodeterminación. Pueden pensar que, con el covid y la situación actual, esto ha ido a menos, pero no es verdad, el independentismo es más fuerte que nunca en el Parlament. Cuando entré en prisión, Òmnium tenía 60.000 socios, y he salido con casi 200.000. El Estado español no está entendiendo nada.

¿Qué condiciones se tienen que dar para que sea factible volver a hacerlo?

Nosotros lo que hacemos y tenemos que seguir haciendo es presionar a los partidos políticos, porque este país tiene unos problemas que deben resolverse de manera rápida. Tenemos una crisis que no mejora, un paro juvenil de los más altos de la Unión Europa, un índex de población en riesgo de exclusión social del 25%, graves desigualdades… Entendemos que resolver eso pasa por dotarnos de la capacidad legislativa para afrontar estos problemas.

Lo mismo con la lengua y la cultura catalanas, que son el principal elemento de cohesión social que tenemos en un lugar como los Països Catalans, donde el hecho migratorio es estructural. La mayoría somos hijos de inmigrantes. Este sentir que la cultura y la lengua nos vertebran es un valor a preservar en un momento en el que vemos al Estado español con ansias de uniformización. Estamos a las puertas de una ley del audiovisual presentada por el PSOE que es un ataque al plurilingüismo, algo equiparable a lo que quiso ser la Ley Wert en educación. Y eso es lo que les decimos a los políticos: poneos las pilas. Tenemos muchas luchas compartidas que tenemos que ser capaces de abordar.

¿Es posible hacerlo con los actuales liderazgos?

Siempre lo hemos dicho: no podemos renunciar a ninguno de los liderazgos existentes, pero necesitamos nuevos liderazgos. El país lo necesita y es una de las virtudes del Procés, porque no es un movimiento mesiánico que siga a un líder, al contrario, es un movimiento muy transversal, muy de base, muy de arriba para abajo. Los políticos acabaron poniendo las urnas por la presión de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que el Estado español no acaba de calcular bien.

¿Qué camino pueden recorrer juntos países como Euskal Herria, Catalunya y Galiza? ¿El apagón contra las eléctricas dibuja un camino todavía inexplorado a seguir?

Sí, para nosotros son luchas compartidas. En este escenario tan global, con luchas urgentes como la emergencia climática o el auge del fascismo, las naciones del actual Estado español tienen la obligación, me atrevería a decir, de actuar con la responsabilidad del momento histórico y de unir esfuerzos. El tiempo nos demostrará que estamos en una nueva era, y eso se debe traducir también en mayores complicidades. Necesitamos toda la inteligencia del mundo, porque la situación que tenemos delante es muy bestia. El Estado español está sufriendo una derechización sociológica muy marcada, y eso quiere decir que la bestia del fascismo está más viva que nunca. Y cuando la bestia del fascismo está viva, los Països Catalans, Euskal Herria y Galiza deben unir esfuerzos. Espero que lo sepamos hacer y que lo hagamos bien.