En Argentina, la última dictadura cívico-militar dejó 30.000 desaparecidos. En Colombia, los desaparecidos durante más de cinco décadas de conflicto superan los 100.000, con picos importantes en las décadas de los 80 y 90, así como en los años 2002 y 2005. Actualmente, siguen produciéndose desapariciones casi a diario.

GARA ha conversado sobre ello con Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en contexto y en razón del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016, de visita no oficial a Euskal Herria. En sus tres años de existencia, este organismo humanitario y extrajudicial surgido de los acuerdos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos ha conseguido recuperar casi 300 cuerpos y ha hallado a cuatro personas con vida. Si bien la UBPD interpela a todos los actores involucrados, no todos están respondiendo de la misma manera. Mientras que la guerrilla ha aportado información, la Fuerza Pública no lo ha hecho, «ni siquiera para encontrar a quienes pertenecían a las fuerzas militares». «Hay un vacío de colaboración por parte del Gobierno. Los desaparecidos nunca han estado en la agenda pública del Estado», denuncia.

Pese a ello, Monzón remarca las potencialidades de esta Unidad, «la primera apuesta por reconocer que el país tiene una deuda histórica» con los desaparecidos y sus familias. «La búsqueda no es del pasado, es el del presente, las preguntas te las haces aquí y ahora», incide.

¿En qué momento se encuentra la Unidad teniendo en cuenta el incumplimiento de los acuerdos de La Habana por parte del Gobierno de Iván Duque?

La falta de una voluntad decidida del alto gobierno para respaldar el cumplimiento de los acuerdos es un obstáculo importante, pero tenemos como contrapeso la necesidad de las víctimas de saber qué ha pasado con sus seres queridos. En estos tres años, hemos conseguido recuperar casi 300 cuerpos inhumados como no identificados, de los que hemos logrado identificar a cinco, y también hemos encontrado a cuatro personas vivas. Esto es muy importante, porque estos hallazgos se han producido gracias a un mecanismo extrajudicial y humanitario, como es la UBPD, que permite a quienes no pudieron acudir al Estado poder hacerlo con este mecanismo. Me explico. Algunas de estas personas estuvieron involucradas en el conflicto armado. Una ellas, por ejemplo, fue reclutada por un actor armado a los 12 años y nunca más supo de su familia. Estuvo desconectada completamente. Su familia no sabía qué había pasado con ella. Cada uno por su lado, con muy pocas esperanzas, decidieron buscarse sin saber que se estaban buscando mutuamente. Este reencuentro no hubiera sido posible bajo un procedimiento ordinario.

¿Por cuántos años no supieron nada el uno del otro?

Por 21 años.

¿Qué factores han propiciado que este reecuentro se haya dilatado durante tanto tiempo?

Los padres y hermanos tuvieron que desplazarse después de que los actores armados se la llevaran con 12 años, porque fueron amenazados y despojados de sus bienes, por lo que ya no estaban en el mismo punto de referencia. Cuando esta chica tuvo posibilidad de iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil, lo hizo. Para ese entonces era mayor de edad, con hijos, pero no sabía dónde ubicar a su familia, porque desde el día en que fue reclutada, no tuvo ningún contacto con ellos. De hecho, pensaba que sus padres estaban muertos y no sabía que ellos la estaban buscando. No es una denuncia común y corriente en la que pones ‘mira, me pasó esto’ sin poner en riesgo a quien estás buscando. En la lógica de la guerra, si denuncias, puedes poner en riesgo a tu propio hijo, que, a fin de cuentas, está o ha estado en un grupo armado y podría ser detenido.

¿Cómo fue el reencuentro?

Muy bello. Ese día era el cumpleaños de la madre de esta joven. Ese fue su regalo de cumpleaños. Además de los padres estaban un hermano mayor y varias hermanas, muy conmovidas porque, en un principio, el grupo armado pensaba reclutar a tres personas de esa misma familia, aunque al final solo se la llevaron a ella.

Este caso evidencia la complejidad del conflicto armado; habla de reclutamiento, desplazamiento, estigmatización…

Así es. La complejidad se da en varios sentidos: poder decir que estabas en un grupo armado que no necesariamente fue el que firmó la paz. Cuando inició su proceso de reincorporación, lo hizo con una institución el Estado. La funcionaria que recogió su historia le preguntó si no quería buscar a sus padres y la remitió a nuestra Unidad. Así comienza ella el proceso de búsqueda de sus papás y hermanos. Por otro lado, está la madre presentando la denuncia del desplazamiento y la desaparición de su hija, otra visión del conflicto. La mamá describe este largo camino de una manera dramática pero muy cierta: ‘Fui a todas partes, distintas instituciones durante todos estos años hasta que físicamente se acabó la suela de mis zapatos. Nunca tuve una respuesta y ustedes ahora encuentran a mi hija. No me lo puedo creer’. Este caso nos habla de la complejidad del conflicto, pero también de la potencialidad que se abre cuando se firma un acuerdo de paz que te permite hablar con instituciones extrajudiciales de eso que no podías denunciar en un contexto judicial.

Los acuerdos de La Habana por los que se creó la Unidad de Búsqueda interpelan a todos los actores del conflicto para que aporten información, en este caso, para encontrar a personas dadas por desaparecidas. ¿Cómo valora el nivel de colaboración de los mismos?

Las FARC-EP han cumplido entregando información. Incluso un año antes de los acuerdos, conformaron una comisión de búsqueda. Han ayudado mucho a encontrar personas y cuerpos. Otro de los comprometidos por el acuerdo es la Fuerza Pública. Ellos no han entregado información para poder encontrar a personas desaparecidas, incluso a aquellas que pertenecían a las fuerzas militares. Hay un vacío de colaboración por parte del Estado. Hay otros actores armados que no firmaron la paz y que no tienen canales para entregar información porque están en armas. Y hay otras personas que firmaron un anterior acuerdo que sí están interesadas en dar información y, poco a poco, hemos venido explorando vías para que lo puedan hacer.

¿Qué tipo de interlocución tiene actualmente la Unidad con las instituciones del Estado?

El Gobierno –el presidente y todos los ministros– deberían tener una postura inequívoca de apoyo a la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, ni el presidente ni los ministros han asumido esta postura de manera pública e inequívoca. Te doy varios ejemplos. El Ministerio del Interior tiene responsabilidad sobre los cementerios, donde hay muchos cuerpos sin identificar que pueden ser de personas desaparecidas. Actualmente, no hay una directriz que asegure y preserve los cuerpos sin identificar, por lo que pueden ser cambiados de lugar sin que nadie se entere. Eso es perder un cuerpo que puede ser de una persona desaparecida. Si el más alto nivel mandara una directiva diciendo que eso no puede pasar, ahí hay un mensaje político, público y de compromiso con los desaparecidos. Otra de las funciones de este Ministerio es la de asegurar que todas las autoridades locales disponen de recursos que les permitan custodiar esos cuerpos. Interior no está cumpliendo con esta doble tarea. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Defensa, que agrupa a todas las fuerzas militares y policiales. A ellos se les debería trasladar un mensaje claro de entregar y permitir el acceso a la información, y esto tampoco se ha hecho. Estamos en una limitada interlocución que, a su vez, limita el acceso a información.

Se podría decir que al Estado no le interesan los desaparecidos, ni siquiera los suyos.

Colombia tiene más de 100.000 desaparecidos. Desde 1950, en cualquier informe anual encontrarán reportes sobre personas desaparecidas con picos muy dramáticos, sobre todo en las décadas de los 80 y 90, y en los años 2002 y 2005. En algunos sitios, el número de desaparecidos se triplicó, pasaron de tener 300 personas desaparecidas a 1.200 e, incluso, 1.400. ¡Y no pasó nada! Y a día de hoy sigue habiendo desapariciones. Los desaparecidos nunca han sido parte de la agenda pública del Estado. La creación de esta Unidad es la primera apuesta por reconocer que hay una deuda histórica con los desaparecidos y sus familias, aunque los desaparecidos siguen sin estar en la agenda del Estado de manera decidida. Si lo estuvieran, tendríamos una interlocución de alto nivel con el Gobierno. Este es uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos, pero también una oportunidad de poder construir paz, dignidad, reconocimiento.  

El excomandante en jefe de las FARC-EP y presidente de los Comunes, Rodrigo Londoño, y el exjefe paramilitar de las AUC Salvatore Mancuso comparecieron públicamente ante la Comisión de la Verdad para reiterar su compromiso con la verdad. ¿Qué potencialidad tienen este tipo de gestos?

Tienen mucha potencialidad. Durante un conflicto tan prolongado como el colombiano, el conflicto en sí mismo se naturaliza; matan a 30 personas y nadie se para a reflexionar, a pedir que paren estos hechos. Las masacres se van naturalizando. Cuando las víctimas hablan, los distintos actores armados relativizan la gravedad de lo sucedido diciendo que ese pueblo era ‘amigo’ del otro, como si no hubieran muerto personas. Adicionalmente, se pone en duda qué tan fuera estaban del conflicto las comunidades, trasladando con ello la idea de que esa comunidad era un objetivo militar legítimo. Eso trae consigo la falta de una sanción social y de un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos.

Con su comparecencia en la Comisión de la Verdad, Londoño y Mancuso, en su momento máximos responsables de las FARC y las AUC, están desvirtuando todo ese discurso; avalan el relato de las víctimas, que no estuvo bien y reconocen que las comunidades no tenían que haber sido violentadas, que no es cierto que fueran legítimas sus acciones armadas contra las mismas. En términos de dignificación, verdad y reconocimiento, son pasos muy potentes.

El expresidente Álvaro Uribe hizo una negociación muy dolorosa con los paramilitares, porque desde las altas instancias del gobierno, se apostó por que no hubiera un reconocimiento de nada. Que hoy personas como Mancuso, que estuvo en el proceso con Uribe, vengan a este otro proceso y cuentem cómo surgió el paramilitarismo y digan que no debió haber pasado, es muy potente.