Después de tres convulsos años, Chile se dispone a cerrar el capítulo abierto con el estallido social de octubre de 2019, las protestas más importantes desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Y lo hará dotándose de una nueva Constitución, redactada durante un año por la Convención Constitucional con paridad de género –la primera de este tipo en el mundo–, u optando por mantener la actual Carta Magna de 1980, herencia del régimen dictatorial.

Por primera vez desde 2012, el voto es obligatorio y aunque la mayoría de los sondeos pronostican un triunfo del «Rechazo» por diez puntos, los expertos señalan que el resultado está muy abierto ya que hay más de un 50% del electorado que lleva sin votar desde entonces. De nuevo, como en las elecciones presidenciales de 2021, el voto de los indecisos, en torno a un 15%, volverá a ser clave.

Las protestas que comenzaron como una movilización estudiantil contra una subida del billete de metro, se convirtieron en un cuestionamiento nacional sobre el modelo de sociedad y el sistema neoliberal impuesto en 1973.

La represión de las protestas que marcaron el comienzo de un nuevo rumbo en la historia de Chile tras 34 muertos y 2.825 heridos, no amilanó a los manifestantes que siguieron alzando sus voces no ya contra las políticas del Gobierno de Sebastián Piñera, sino exigiendo cambios estructurales del sistema político y social.

El 15 de noviembre, para desactivar las movilizaciones, algunos sectores de la oposición llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Piñera para abrir un proceso constituyente que pariera una nueva Carta Magna para reemplazar la de la dictadura y dejar atrás el modelo neoliberal heredado de aquella.

La promesa de una nueva Constitución rebajó la tensión. El 26 de octubre de 2020, el 78% de los chilenos votó por cambiar el texto vigente y el 79% apoyó que lo hiciera una Convención Constitucional paritaria compuesta por 155 miembros y con 17 escaños reservados a los pueblos originarios. La victoria de las listas independientes supuso un castigo a los partidos tradicionales y marcó el giro al centroizquierda que se ratificó con la elección presidencial de Gabriel Boric.

La trayectoria de la Convención Constituyente en su año y tres meses de trabajo se vio salpicada por varios escándalos relacionados con algunos de sus miembros y por acusaciones de favorecer intereses particulares. Eso generó malestar en algunos sectores de la población, que se sumaron a los ya molestos por los desórdenes públicos que causaron importantes daños en algunas zonas de la capital.

Derechos sociales

El documento, entregado a Boric el 4 de agosto, difiere totalmente de la actual Constitución, responde a la exigencia de derechos sociales y avanza en políticas anticorrupción y de abuso de poder, algunas de las principales demandas de las protestas de 2019.

Define a Chile como un «Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico», con una democracia «inclusiva y paritaria» frente al Estado subsidiario consagrado en la Constitución de Pinochet que, a pesar de las numerosas reformas no ha variado sus principios neoliberales.

Establece que debe velar por la paridad de género, cita el medio ambiente como sujeto de derechos y fija una modificación en el sistema político, planteando la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones.

La principal diferencia es la del rol del Estado, su descentralización, con mayor autonomía para las regiones, y la garantía de acceso a los derechos sociales, como la salud, la educación y la vivienda.

Es pionera al definir al país como un «Estado ecológico», en tanto que protege la vida humana y la naturaleza; la perspectiva de género permea todo el texto y afectará a la distribución del poder; incorpora el derecho a los cuidados como un derecho social y un deber de la comunidad; incluye los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, que deben ser legislados, y amenaza los intereses de quienes controlan el agua, las resevas mineras, las tierras de la Araucanía o las entidades de previsión social.

También recoge el derecho a la memoria. El recuerdo como deber y la memoria como derecho son los pilares del artículo 24, un capítulo con el que Chile da un salto cualitativo en la reparación de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial, y que refleja la lucha de las víctimas de la dictadura contra el olvido y la impunidad.

El punto más polémico es el de la plurinacionalidad, los derechos y la participación de los 10 pueblos originarios de Chile, el 12,8% de los 20 millones de chilenos y siempre excluídos de la política. Para la derecha, y no solo, las autonomías indígenas que serán definidas por ley, con la renegociación de espacios territoriales y la redistribución de poder, dividen al país. A esta cuestión se suma la del sistema judicial indígena, aunque sus defensores insisten en que no se trata de generar un doble sistema de Justicia ni de negar el principio de igualdad ante la ley, sino que se trata de dos sistemas coordinados.

Polarización

La polarización se ha acentuado con el proceso constitucional y sea cual sea el resultado del referéndum el futuro está plagado de incertidumbres. En caso de vencer el «Apruebo», el siguiente paso será la implementación de las leyes para materializar sus derechos. Y el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria suficiente.

En caso de vencer el «Rechazo», lo más probable es que se ponga en marcha un nuevo proceso para establecer otra Convención Constitucional, aunque también podría hacerse mediante una comisión de expertos o el propio Congreso. Mientras, este ha aprobado un proyecto de ley que reduce las mayorías necesarias para modificar la Constitución actual impulsado por quienes creen que es más efectivo reformar la Constitución escrita durante la dictadura y modificada parcialmente en democracia, pero apoyado también por quienes prefieren la nueva Carta Magna, pero creen que requiere cambios.

Aprobar para reformar

En cualquier caso, el vuelco en las encuestas, que hace unos meses daban la victoria al «Apruebo», ha llevado a las fuerzas de centroizquierda y al propio Boric a contemporizar y acordar con el resto de partidos aliados la reforma del texto nonato, en un intento de restar detractores y tranquilizar a la derecha. Aprobar para reformar es la opción para evitar el rechazo.

Por eso, el acuerdo recoge que no se eliminarán las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) ni las clínicas privadas ni los colegios subvencionados; y se limitarán los aspectos relevantes de la plurinacionalidad, y la protección de la propiedad de la vivienda.

Así, lo único que parecen compartir los partidarios del «Apruebo» y del «Rechazo» es que el proceso constitucional seguirá a partir de mañana, ya sea para «ajustar» algunos artículos polémicos y desarrollar las leyes necesarias para implementar la nueva Carta Magna, si gana el «sí», o para crear otro texto que deberá ser igualmente consensuado y sometido a plebiscito obligatorio, si triunfa el «no». Aunque los analistas dudan del consenso y creen que parte importante de la derecha hará todo lo posible para que el proceso acabe aquí en caso de rechazo.

El arresto del líder mapuche Héctor LLaitul evidencia que el conflicto persiste

La detención del líder mapuche Héctor Llaitul el 24 de agosto, a tan solo once días de la celebración del plebiscito constitucional, ha vuelto a poner sobre la mesa el conflicto que este pueblo originario mantiene con el Estado, con los colonos que ocupan sus tierras ancestrales y con las multinaciones forestales que explotan sus bosques milenarios, y podría tener impacto en la cita de hoy al influir en los más indecisos. El líder la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), torturado durante la dictadura de Pinochet, encarcelado varias veces y víctima de montajes policiales como la “Operación Huracán”, está acusado de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, delitos bastante leves en cuanto a las penas que conllevan, según constata el periodista y escritor Pedro Cayuqueo, quien sostiene que esta decisión solo profundiza en la «política de seguridad que implementó Sebastián Piñera». Igual que las prórrogas del estado de excepción y el despliegue del Ejército en la Araucanía y el Biobio, medidas que antes rechazaba el nuevo presidente, Gabriel Boric.

El arresto fue defendido por el oficialismo de izquierda y celebrado por la oposición de derecha y las patronales del sur, pero la CAM acusa al Gobierno de Boric de plegarse a los empresarios y de haber sucumbido a las presiones de quienes pedían hace tiempo la detención de Llaitul para descabezar uno de los movimientos mapuches con más apoyo.

Pero el problema para el gobierno y para el Estado chileno es que podría fortalecer a quienes abogan por una ruptura con el Estado y la construcción de la nación mapuche, para quienes el reconocimiento de la plurinacionalidad no es la respuesta a su demanda de recuperación de sus tierras ancestrales y hoy no optarán por el «Apruebo».