«Hecha la ley, hecha la trampa», reza un refrán que en el Estado español asume hasta quién hace la ley. Esa es, al menos, la impresión que dan las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante una comisión del Congreso el pasado 25 de abril: «Hemos tenido que forzar el ordenamiento jurídico para que unas personas ingresen en prisión». Un año antes, su homólogo catalán, Felip Puig, ya dijo claro que irían «hasta donde nos deje la ley, y más allá».

Precisamente, las derechas catalana y española han sido, sobre todo después de los incidentes de la huelga general del 29 de marzo, los principales adalides de un endurecimiento del Código Penal para perseguir la protesta social. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), fue el primero. Cuando todavía humeaban los botes de humo lanzados por los Mossos d'Esquadra durante la huelga general del 29 de marzo, Trias pidió publicamente al Gobierno del PP que endureciese las leyes y normativas para perseguir a los responsables de los disturbios. Fernández Díaz no tardó en coger el testigo, prometiendo «la misma ley que con la kale borroka».

Pese a lo absurdo de la reforma del Código Penal, ya que una reforma similar, impulsada en el año 2000 por Ángel Acebes, ya permite castigar a los alteradores de la «paz social» sin necesidad de que pertenezcan a ninguna «banda armada, organización o grupo terrorista» –se trata del artículo 577–, Interior siguió adelante con su promesa y el 11 de abril Fernández Díaz desgranó los primeros detalles de su propuesta, entre los que destacan un endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera y la tipificación como delito de atentado de la «resistencia pasiva o activa grande», es decir, la desobediencia civil. Interior pretende, además, adecuar el Código Penal a los nuevos tiempos, para lo que considerará «delito de integración en organización criminal» difundir a través de Internet convocatorias que deriven en «violentas» y que «alteren gravemente el orden público». El mismo día, el mismo ministro de Interior declaró que muertes como la de Iñigo Cabacas son «incidentes y accidentes que se pueden producir».

La propuesta de Interior, sin embargo, resultó exagerada hasta para los juristas del Estado, por lo que es probable que la nueva norma rebaje alguno de los postulados. En ello están trabajando los secretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y de Justicia, Fernando Román, quienes se comprometieron a llevar la propuesta al Consejo de Ministros, para su aprobación en otoño de este mismo año.

La última noticia del proyecto de reforma del Código Penal vino el pasado 18 de julio, cuando una impaciente CiU, por boca de su diputado en el Congreso Pere Macias instó al Gobierno a acelerar la reforma para «proteger mejor y de forma más eficaz los derechos y libertades de las personas», al tiempo que pedía una reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Macías resumió la doctrina subyacente en una sola frase: «Sin seguridad ciudadana no es posible desarrollar la vida en libertad».