La decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre Iosu Uribetxebarria es cuestión de días -o de horas- una vez que ya tiene sobre su mesa todos los elementos. Después de que el 17 de agosto Instituciones Penitenciarias le concediera el tercer grado, el juez debe elegir ahora entre dos opciones. Por un lado está el Código Penal, que en su artículo 92 establece que los presos con enfermedades como este cáncer debe ser liberados, así como la práctica habitual de este juzgado, desde el que se confirma que no hay nadie en prisión con la esperanza de vida que se le otorga al preso de Arrasate. Frente a ello está la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que introduce nuevas cláusulas no estipuladas en la ley, como la de que la situación deba ser absolutamente terminal; y para ello se apoya en el informe de la forense del tribunal especial que resta gravedad a su situación actual.

La Fiscalía fijó ayer esta posición, que era previsible tras el polémico informe de la forense de la Audiencia Nacional. El escrito firmado por el fiscal Pedro Rubira argumenta que todos los informes médicos aportados -el de los servicios médicos de la prisión de Zaballa, el del Hospital Donostia en el que está ingresado y el de la forense de la Audiencia Nacional- le llevan a la conclusión de que «el penado carece en el momento actual de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal, por lo que no se encuentra en el último periodo de su vida, no ha sido sometido a ningún tratamiento terapéutico de radioterapia o quimioterapia». Precisamente ayer, según había adelantado Etxerat ya la semana pasada y conoce perfectamente Instituciones Penitenciarias, Uribetxebarria iniciaba las pruebas previas para comenzar sesiones de radioterapia.

El fiscal añade que este tratamiento es un elemento «importante para valorar las auténticas expectativas de vida del interno que no ha sido tenido en cuenta por el informe médico privado», elaborado por la comisión médica de Osakidetza y que avanza además «una mejora del pronóstico de vida con los tratamientos terapéuticos que se le administren en centro hospitalario (incluidos los penitenciarios)». Es decir, Rubira defiende que el tratamiento alargará su esperanza de vida y que ello es un elemento que favorece que siga en prisión. Como se ve, es constante el afán del fiscal por saltarse el Código Penal para introducir otros matices.

La Fiscalía reproduce el documento elaborado por la forense en el que apuntaba que «la enfermedad tumoral diagnosticada es de muy mal pronóstico a largo plazo» pero que el preso «no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos».

En este punto, la Fiscalía carga incluso contra los servicios médicos de la cárcel de Zaballa. Asegura que «llama poderosamente la atención» que su informe haya omitido «cuantificar el índice Karfnosky», que mide esta esperanza de vida. La forense de la Audiencia Nacional sí lo hace para concluir que el 50% de los enfermos como Uribetxebarria «vivieron igual o menos de 11,3 meses» y la otra mitad sobrevivió «igual o más».ç

Entre medio, el Gobierno del PP adopta una posición ambigua. Por un lado, a través de Instituciones Penitenciarias ha concedido a Iosu Uribetxebarria el tercer grado, lo que supone un reconocimiento de su situación y marca la excarcelación como desenlace lógico. Junto a ello, tanto Ángel Yuste -responsable de prisiones- como Jorge Fernández Díaz -ministro de Interior- han dejado claro que el preso no puede ser tratado en la cárcel porque sus dependencias son equiparables a centros básicos de salud y no a hospitales, que es lo que requiere Uribetxebarria para tratar el cáncer con metástasis que sufre. Sin embargo, al mismo tiempo y en contradicción flagrante con lo anterior, el Gobierno del PP ha permitido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en última instancia depende del Ejecutivo a través de la figura del fiscal general del Estado, siga planteando que Uribetxebarria continúe prisionero.