Las promesas electorales se las lleva, demasiado a menudo, el viento, por lo que es conveniente analizar sobre el terreno las prácticas que las diferentes fuerzas políticas han llevado a cabo allí donde gobiernan. Así, mientras apenas ha habido cambios en la política fiscal de las diputaciones de Bizkaia y Araba, en Gipuzkoa, Bildu ha impulsado, pese a lo complicado de los equilibrios políticos, cambios en la dirección de una mayor progresividad fiscal, de forma que pague más quien más tiene.

Poco después de tomar el mando de la Diputación, Bildu presentó un ambicioso proyecto de reforma fiscal en el que se incluían diferentes modificaciones en el IRPF y en el impuesto de Sucesiones, así como la recuperación del impuesto de Patrimonio. Dos meses más tarde, el 15 de diciembre, Bildu y PSE llegaron a un acuerdo para hacer efectivas algunas de las propuestas de la coalición abertzale y otras del PSE.

Entre las medidas más destacables en el avance hacia una progresividad fiscal, destacaron la reforma del IRPF, en el que se introducen tres tramos en la escala más alta. Así, a las rentas entre 90.000 y 120.000 euros se les aplica ahora un tipo del 46%, a las de entre 120.000 y 170.000 un 47% y a las que superen esta última cifra, un 49%. En el mismo impuesto, las rentas de ahorro superiores a 4.000 euros tributan ahora al 23%. También se ha recuperado el Impuesto de Patrimonio.

Medio año más tarde, Bildu, Aralar y PSE alcanzaron un nuevo acuerdo para impulsar una reforma del Impuesto de Sociedades y estudiar la posibilidad de implementar una nueva Norma foral de impuestos municipales. En la comparecencia para valorar el acuerdo, la diputada foral de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Helena Franco, destacó su «apuesta y compromiso para alcanzar una fiscalidad sólida, una cohesión social y un mejor reparto de la riqueza».

La última novedad en cuanto a las reformas fiscales en Gipuzkoa la presentó la propia Franco el pasado 20 de setiembre, al anunciar un nuevo Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, que sustituirá, una vez aprobado, al actual Impuesto de Patrimonio. Con este nuevo gravamen, la Diputación espera recaudar un 20% más, ya que, a diferencia del Impuesto de Patrimonio, la nueva medida incluye los bienes y derechos afectos a actividades económicas y participaciones en determinadas entidades, que tributarán con una bonificación del 75% –actualmente están exentos en el Impuesto de Sociedades–.

Con esta norma, la Diputación cierra la vía a la elusión fiscal y garantiza «una fiscalidad más equitativa», en palabras de Franco. «Las sociedades avanzadas entienden que la contribución fiscal es necesaria para el bien de su país, y estamos convencidas de que en Gipuzkoa se va a entender la razón de ser de este impuesto», explicó.