Unió Democràtica de Catalunya (UDC), socia de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la federación catalana CiU, ha llegado esta tarde a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio por el caso Pallerols, en el que se le acusaba de financiación ilegal y se le pedía que devolviera 595.000 euros. Era la primera vez que algo así pasaba con un partido político en el Estado español. El acuerdo con la Fiscalía implica, sin embargo, que UDC asume su culpabilidad en el caso y se compromete a devolver 388.000 euros.

Lo mismo ocurre con los seis imputados en este caso de corrupción de los años 90, basado en el desvío de dinero procedente del departamento de Treball a academias del empresario andorrano Fidel Pallerols, dinero que después volvía, en parte, a las arcas de Unió. La Fiscalía pedía para los seis acusados -el propio Pallerols y cinco exmilitantes de Unió- penas de entre 7 y 11 años de prisión, que ahora evitarán gracias al acuerdo.

A cambio del reconocimiento de las acusaciones, la condena al ex director general de Ocupació, Lluís Gavaldà ha quedado en año y medio, mientras que las penas para su hermano Vicenç Gavaldà -ex secretario de organización de UDC- y para el propio Pallerols se han limitado a siete meses de prisión. Otro exmilitante de Unió, Santiago Vallvé, ha visto su condena reducida a una multa por fraude de subvenciones, mientras que la mujer de Pallerols, Mari Cruz Guerrero, y la exsubdirectora general de Ocupació, Dolors Llorens, han sido finalmente exculpadas.

16 años después de que el caso fuera destapado y tras innumerables tropiezos en el procedimiento judicial, el juicio debía haber empezado ayer, pero el juez dio un día más a acusados y Fiscalía para llegar a un acuerdo. Un pacto que finalmente ha llegado este martes y que evitará al secretario general de UDC, Josep-Antoni Duran i Lleida, tener que entrar en los juzgados a declarar como testigo de la corrupción de su partido.