Algunos de los últimos grandes casos de corrupción política destapados tienen que ver con la opaca financiación de los partidos políticos. Un solo dato ya revela el poco control con el que funcionan habitualmente: el Tribunal de Cuentas –órgano encargado de fiscalizar a los partidos– tiene un desfase de cinco años. Es decir, en 2012 se conoció el informe del año 2007.

Según dicho informe, el 80% de la financiación de los partidos en 2007 fue pública, a través de diversas subvenciones –lo que ya da qué pensar–, mientras que el 20% provino de las cuotas de afiliados –que desgravan en la declaración de Hacienda–, de donaciones y de los ingresos generados. Precisamente en 2007 entró en vigor la reforma de la Ley de Financiación de Partidos que, supuestamente, ponía fin a las donaciones anónimas e ilimitadas –en la práctica se mantiene el anonimato, ya que el Tribunal no publica la identidad de los donantes–.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. En el marco de la investigación del caso Gürtel se han encontrado decenas de cheques al portador firmados por un gran empresario por cantidades que no superan en ningún caso los 3.000 euros. Un dinero que engrosó las cuentas del PP sin declararlo al Tribunal de Cuentas como donación, al no superar el mínimo previsto por la ley.

Que la reforma fue más que limitada lo demuestra el hecho de que sigue dejando fuera de control numerosos elementos que alimentan las arcas de los partidos. Destacan, sobre todo, las subvenciones públicas de las corporaciones locales –que no entran en el informe del Tribunal de Cuentas–, las donaciones inmobiliarias o en especie –sin límite alguno–, la cancelación de numerosos créditos a los partidos por parte de entidades financieras –300 millones de euros hasta 2004, según el Banco de España– y, sobre todo, el funcionamiento de las fundaciones de los partidos, auténtico agujero negro en la financiación de las formaciones. Las fundaciones pueden recibir donaciones de hasta 150.000 euros –los partidos de 100.000– y solo el 14% de su actividad fue fiscalizada en 2007.

Impunidad ante el delito

La financiación de los partidos no solo se ve cuestionada por el oscurantismo con el que funciona, sino también con la impunidad que rodea a las formaciones a las que se les descubre alguna ilegalidad. No en vano, este tipo de delitos prescriben a los cuatro años, como bien sabe el PP de Madrid, cuyos actos electorales organizados por la trama Gürtel y financiados a través de fundaciones en 2003 se han quedado en los cajones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El delito ya había prescrito.

Cuando finalmente se llega a juicio, nos encontramos con que los partidos políticos no pueden, según el Código Penal, ser juzgados –igual que las administraciones públicas o los sindicatos–. Por lo tanto, cuando Josep Antoni Duran i Lleida dice que no dimitirá porque su partido, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), no ha estado imputada, no hace más que reírse de los ciudadanos, porque sabe perfectamente que eso es imposible.

Y si, sorprendentemente, la Justicia llega hasta el final y condena a algún militante de un partido político, el Gobierno de turno siempre cuenta con la figura del indulto, como lo ha demostrado en infinidad de ocasiones. Solo en 2012, un alcalde del PP y varios de sus ediles, así como un ex alto cargo de UDC en la Generalitat, fueron indultados por el Gobierno de Rajoy.