El PSE celebra durante este fin de semana su VII Congreso bajo el lema «Ideas que crean futuro» y en el que Patxi López será reelegido como secretario general. Entre los asistentes a la cita, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de David Martínez Notario, militante del PSE de Irun fallecido este pasado viernes en accidente de tráfico, se encuentran el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, el secretario de Organización, Oscar López, y dirigentes como Txiki Benegas y Eduardo Madina.

Durante su intervención, Patxi López ha realizado un balance de los últimos cuatro años, que ha calificado de «históricos», y ha subrayado que fueron capaces de «acabar con el terrorismo y consolidar la convivencia».

Además, ha considerado la reforma fiscal como el «gran tema» de debate político y económico en la CAV y ha acusado a PNV y PP de deber en esta cuestión «tres años a este país». También ha remarcado que la actuación jeltzale ha sido «inmoral». «Lo único que les importa es el poder y no Euskadi», ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que antes de que termine la actual legislatura el Parlamento vasco aprobará la reforma fiscal, «una fiscalidad más justa e igual para la ciudadanía».

En referencia a los servicios públicos, López ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de «no respetar las líneas rojas» y ha subrayado que el PSE puso freno a una «administración monumental, con multitud de chiringuitos creados para sus amigos».

«Con el PNV gobernando vamos a terminar la legislatura con menos servicios públicos y prestaciones y más deuda pública», ha advertido.

Corrupción

Al referirse a la corrupción, López ha destacado que el caso Bárcenas «no solo daña al PP», sino que pone en cuestión el propio sistema democrático, por lo que ha criticado al presidente del PP y el Gobierno español, Mariano Rajoy, por no asumir sus responsabilidades y «jugar al y tú más».

Entre las medidas que ha propuesto para evitar la corrupción figura que los tribunales de cuentas analicen de oficio el patrimonio de las cargos institucionales y orgánicos de las formaciones políticas y que se aparte de forma «automática» de sus responsabilidades a quien sea imputado por la Fiscalía.