Una semana antes de que los desahucios volvieran al centro del debate público debido a la tramitación de la ILP, vecinos del barrio de Torre Romeu de Sabadell (Barcelona) y activistas de la Plataforma de Afectats per la Hipoteca i la Crisi de la ciudad fueron violentamente desalojados por los Mossos d'Esquadra tras varios días encerrados en una oficina de la Caixa de Sabadell –después Unnim, ahora absorbida por BBVA–.

Pedían la paralización del inminente desahucio, la dación en pago y el alquiler social para Ahmed, vecino del barrio. Al día siguiente del desalojo, y tras duras negociaciones con la entidad financiera, lo consiguieron. Es el último tanto que se ha anotado la PAHC de Sabadell, una de las más dinámicas de Catalunya desde que inició su andadura a comienzos de la crisis económica.

Además de las decenas de desahucios que ha conseguido paralizar –incluidos algunos instigados por Banca Cívica– la PAHC de Sabadell ha destacado en los últimos meses por el desarrollo de lo que se ha bautizado como la Obra Social de la PAH. Es decir, la reapropiación de edificios vacíos en manos de entidades financieras o inmobiliarias en bancarrota para realojar a familias desahuciadas.

El primer paso lo dieron el 26 de mayo del 2012, cuando entraron en un edificio del barrio de Campoamor propiedad de Catalunya Caixa. El edificio estaba vacío desde su construcción, tres años atrás, y en él se instalaron varias familias a las que diversas entidades financieras habían expulsado de sus viviendas habituales. La operación se repitió el pasado 31 de octubre en el barrio de Can Rull, en un edificio que trataba de vender a precios desorbitados también Catalunya Caixa. Dos familias anteriormente desahuciadas entraron inmediatamente a vivir en dos de los pisos.

Represión y luchas conjuntas

Tal y como marcan los cánones, el activismo de la PAHC en Sabadell ha sido proporcionalmente contestado por las fuerzas de seguridad en forma de una constante represión. Al desalojo violento de la oficina de Unnim cabe añadir, por ejemplo, la sanción económica impuesta a dos activistas de la Plataforma por haber convocado una manifestación que, según la Conselleria de Interior, no había sido comunicada previamente.

Pero las acciones represoras no se limitan a las acciones de la PAHC, ya que uno de los activistas fue también multado por organizar un piquete durante el 29 de marzo, mientras que el otro fue detenido, semanas más tarde, por el mismo motivo. No es gratuito, sino que muestra hasta qué punto la lucha de la Plataforma en Sabadell se entrelaza con otros colectivos en lucha –algo para lo que han creado la coordinadora ‘Sabadell Lluitant’– y explica el dinamismo de la PAHC en una ciudad donde la corrupción parece haber campado a sus anchas durante años, ya que el alcalde y peso pesado del PSC, Manuel Bustos, dimitió recientemente debido a su imputación en el caso Mercuri.