El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbo admitió ayer a trámite la querella presentada por la abogada Jone Goirizelaia en nombre del sindicato LAB contra Juan Luis Diego Casals, director gerente de EITB entre 1999 y 2009 –es decir, desde la designación de Andoni Ortuzar en la dirección general hasta la entrada de Alberto Surio–, al que llama a declarar el 15 de marzo próximo como imputado, bajo la acusación de malversación de caudales públicos y delitos societarios.

En las diligencias previas, se le acusa de haber firmado en nombre de EITB un aval para un préstamo de 700.000 euros que Kutxabank, entonces Bilbao Bizkaia Kutxa, concedió a la empresa privada Vilau Media S.L.; una cantidad de la que el ente público se tuvo luego que hacer cargo y «ha visto perjudicado su capital, con los consiguientes efectos en el ámbito de la programación, de las actividades, y de la contratación de trabajadores».

Actualmente director de la agencia foral Beaz Bizkaia, un ente creado el 2010 por la Diputación de Bizkaia centrado en el impulso de las empresas pequeñas y medianas, Juan Diego llegó a la dirección de EITB en 1999 de la mano de Andoni Ortuzar tras su paso por distintos puestos en el Gobierno de Gasteiz. Director gerente del grupo, cuando el actual presidente del EBB dejó el ente, pasó a formar parte del equipo directivo que le sustituyó.

El auto judicial apunta que existen «indicios racionales de criminalidad» en su actuación, al firmar un aval con el resultado de que «ha quedado comprometido capital importante de la entidad pública». Dado el ámbito de actuación, una entidad pública, hacerlo con «una entidad privada en la que el querellado tendría intereses» podría ser constitutivo de los delitos de los que se le acusa. Vilau Media S.L. es una de las sociedades creadas en la etapa Ortuzar con participación pública.

La demanda presentada por el sindicato abertzale hace referencia a una intervención de Antoni Ortuzar en el consejo de administración de EITB en abril de 2005, en donde explicó que Vilau Media S.L. estaba constituida por «Inigrafica Nel del instituto Frauhoffer, Vicomtech, la multinacional coreana de comercialización de software digital Aldicast, y ETBnet para la comercialización de productos de EITBnet y Vicomtech».

Con domicilio social en el donostiarra paseo Mikeletegi 57, se constituyó con un capital social de 60.000 euros, para «el desarrollo y la comercialización de productos y la prestación de servicios de consultoría».

Según la demanda, los socios constituyentes fueron Andoni Ortuzar –en nombre de Vicomtech, de ETBnet de EITB–, Juan Diego –entonces director gerente de EITB– Mikel Agirre –director de Explotación del ente– y Julián Florez, en representación de Ini-Graphicsnet Stiftung. Es decir, firman como socios de una empresa, pero a la vez son altos cargos de la administración, algo que sería incompatible con varios artículos de la Ley de Función Pública.

Otros tres socios –Wolfgang Kniejski, Joachim Rix y José Luis Moreira da Encarnaçao– también suscribieron participaciones.

Tras el cese de Ortuzar en enero de 2008, la documentación aportada por el sindicato abertzale apunta que, de la dirección colegiada que le sustituyó, Diego y Agirre seguían apareciendo como socios a título personal de Vilau Media S.L.

Un año más tarde, el 15 de junio de 2009, una semana antes de la entrada del equipo de Alberto Surio con la llegada del PSE a Lakua, en un notario de Bilbo se firmó una escritura de crédito con Bilbao Bizkaia Kutxa por valor de 700.000 euros a favor de Vilau Media S.L., con el aval de Juan Diego, en representación de EITB. Una firma de que la que no se informó al consejo de administración del ente.

La bomba saltó el 17 de julio de 2012, con el descubrimiento por el equipo de Surio del vencimiento del crédito de Kutxabank que Vilau Media no podía devolver y recaía, por tanto, en el ente público.

Según los datos de la querella, en 2009 y 2010 la empresa era solvente, mientras que en 2011 el resultado era ya de un negativo de 650.000 euros. Actualmente, Vilau Media S.L. está en situación de concurso de acreedores.

Tras las negociaciones con el banco, EITB pagó finalmente 701.458,67 euros. Como no entraba dentro de lo presupuestado, hubo que hacer una serie de recortes, que según la demanda presentada por LAB, afectaron a contrataciones, al cierre de un plató de Miramon y desapariciones y recortes en programas como ‘Mihiluze’, ‘DBH’ o ‘Kantuan ari’.

El juez, que ordena la presentación de varias pruebas documentales, llama también a declarar como testigo a Jon Velasco, el letrado asesor del consejo de administración de EITB. De momento, no lo hace a la serie de testigos solicitados por LAB –entre ellos, Andoni Ortuzar y Mikel Agirre–, aunque no cierra la posibilidad a que vaya a hacerlo posteriormente.