De las explicaciones ofrecidas por el director de EITB Alberto Surio en la reunión celebrada por el Consejo de Administración de EITB el 27 de noviembre del pasado año en la sede del ente en Bilbo, y a cuyo acta, que figura en la querella presentada por LAB, ha tenido acceso este periódico, se deduce que las decisiones estratégicas de la dirección de Andoni Ortuzar y el equipo que le sustituyó resultaban bastante opacas para su propio consejo. En su comparecencia, Surio explica cómo EITB tuvo que hacerse cargo de los 701.458,67 euros adeudados a la BBK por el vencimiento del crédito concedido a la empresa Vilau Media S.L. en junio de 2009 y cuyo aval firmó en nombre de EITB Juan Diego Casals, director gerente del ente y con, dice, poderes notariales competentes en materia económica ante la falta de un director general en la época.

De la revisión de las actas del Consejo de Administración celebradas desde 2005, año en el que Vilau Media S.L. fue constituida con participación de la mitad de su capital por EITB y representación de su dirección en su consejo (Andoni Ortuzar, director general; Juan Diego, gerente; Mikel Agirre, director de explotación, y Javier Calera, entonces director de EITBnet), se desprende, en palabras del ahora director general en funciones, que «ni para su constitución, ni para la concesión o evaluación de la necesidad del aval ha existido una autorización expresa» de ese mismo consejo. Alega Surio que, según la Ley de Creación del Ente, el director general del ente -o su sustituto, se supone- no necesita la autorización del consejo para realizar esas operaciones. Pero, ni por cortesía, la pidieron; aunque la cuestión de la participación de un ente público como EITB en distintas empresas privadas, como Vilau Media, ha sido motivo recurrente durante todos estos años de preguntas y respuestas tanto en la comisión como en el Parlamento.

De viaje

La firma del aval a Vilau Media S.L., sin embargo, sí ha sido considerada por el juzgado de instrucción número 1 de Bilbo motivo suficiente para admitir a trámite la querella presentada por el sindicato LAB contra Juan Diego, al que llama a declarar como imputado bajo la acusasión de malversación de caudales públicos y delitos societarios. «Consecuencia de la ejecución de dicho aval -dice el auto-, la entidad EITB abonó la cantidad indicada, de modo que ha sido perjudicado su capital, con los consiguientes efectos en el ámbito de la programación de las actividades y de la contratación de trabajadores».

La firma del aval tuvo lugar, además, una semana antes de la entrada del equipo designado por el PSE en la dirección de EITB. Y Juan Diego era secretario, a su vez, del consejo de Vilau Media S.L..

Llamado a declarar el 15 de marzo próximo, Juan Diego se encuentra estos días en Tel Aviv, donde forma parte de una delegación audiovisual vasca, comandada por Eiken-Cluster Audiovisual de Euskadi, a la búsqueda de nuevos mercados. La misión comercial ha sido auspiciada por BEAZ, la sociedad de la Diputación de Bizkaia que Juan Diego dirige, y en ella participan doce representantes de empresas e instituciones, entre ellas EITB. Juan Diego fue gerente de EITB entre 1999 y 2009, durante toda la etapa de Ortuzar y, tras su marcha, formó parte de la dirección colegiada en la que también figuraba Mikel Agirre, hasta ahora candidato a la dirección de EITB y que figura igualmente en la querella como socio de Vilau Media S.L., aunque no ha sido llamado a declarar.

LAB quiso ayer denunciar «la irresponsabilidad política de una gestión de EITB que, más que ente público, la equipara a un cortijo particular donde se hace y se deshace, con intereses cuanto menos opacos». Y destacó la gravedad de «que en estos momentos en que se está decidiendo la dirección de EITB, se siga apostando por un modelo y un grupo que ha estado inplicado en esta manera de gestión del patrimonio público», así como que «se pretendan acometer grandes recortes dentro de este servicio público con la excusa de la crisis y se omita a sabiendas que hay responsables directos en la pérdida de fondos de EITB». Todo, dijo, sin que se «siga sin ponerse encima de la mesa un debate sobre modelo de ente público de comunicación».