«Creemos que los Estados tienen el derecho de decidir sobre su política criminal y sobre la interpretación y aplicación de las condenas», ha señalado el ministro de Interior del Gobierno español, Jorge Fernández Díaz, a su llegada al Consejo de Interior de la Unión Europea que ha tenido lugar este jueves en Bruselas.

El próximo día 20 de marzo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo analizará el recurso presentado por el Estado español contra la sentencia que en julio de 2012 anuló la aplicación de la citada doctrina en el caso de la presa de Tafalla Inés del Río.

El fallo, adoptado por unanimidad por la Sala Tercera de la Corte europea, decía que el Estado español violó los artículos 7 –no hay pena sin ley– y 5.1 –derecho a la libertad y a la seguridad– del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que se estableció que la presa de Tafalla debía recuperar la libertad de forma inmediata y ser, además, indemnizada.

Fernández Díaz ha afirmado que la doctrina 197/2006, establecida por el Tribunal Supremo español y que supone la aplicación de facto de la cadena perpetua, no solo se impone a «terroristas, sino a los pertenecientes a organizaciones criminales, asesinos en serie, violadores, etcétera, muchos presos que cumplen condenas por delitos repugnantes».

«Ante la inminencia de la vista en Estrasburgo, voy a insistir en el asunto», ha dicho el ministro español de Interior, quien ha querido remarcar que la confirmación de la sentencia de julio afectaría al conjunto de la UE.

Durante la comparecencia, ha pedido que se respete la autonomía de aplicar sentencias de las «autoridades nacionales» y ha dicho que «confía» en que el tribunal dé la razón al Estado español.

«Solo el hecho de compartir esa preocupación con el resto de ministros creo que ha sido muy positivo», ha sentenciado.