«Creo que la doctrina Parot es un instrumento que ha sido enormemente útil en la lucha contra el terrorismo y espero que así lo entienda» el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en los pasillos del Congreso en respuesta a las preguntas de los periodistas.

Con él ha coincidido el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que espera que la argumentación «sólida y profunda» de la Abogacía del Estado convenza al tribunal europeo.

Gallardón: «Cada preso tendrá que acudir a Estrasburgo»

Según Gallardón, «aceptar unas tesis interpretativas» distintas a las que hasta ahora han hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles, además de ir en contra de la propia jurisprudencia del tribunal europeo, significaría «una situación de injusticia objetiva para la sociedad española».

«Una situación que supondría que personas que han cometido delitos gravísimos y que no han saldado en modo alguno su deuda con la sociedad fueran excarceladas», ha subrayado.

En este sentido, Ruiz-Gallardón ha indicado que confía en que la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo estime y entienda los argumentos del Gobierno español.

En caso de que el fallo fuera contrario a la doctrina 197/2006, ha avisado de que cada preso al que se le ha aplicado la citada medida tendrá que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si quiere que se le deje de aplicar.

El Tribunal de Estrasburgo, ha señalado, «juzga casos individuales» y, por lo tanto, «cada caso individual tendría que ser resuelto por el propio tribunal». El ministro de Justicia ha calificado de «extraordinariamente importante» este dato.

«Ingeniería jurídica» para eludir una posible sentencia contraria

Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a Onda Cero, ha defendido que «aquí no está en cuestión una ley sino la interpretación de una condena de los tribunales españoles» y ha criticado que «no deja de ser curioso que estén reivindicando la aplicación del Código Penal de la época de Franco, del 73, frente al Código Penal de la democracia, de 1995».

Preguntado por si el Estado español podría eludir el fallo del Tribunal de Estrasburgo en caso de que este decida que la doctrina 197/2006 atenta contra los derechos humanos, Fernández Díaz ha dicho que «se puede hacer ingeniería jurídica», ya que, según ha explicado, su «interpretación» y la de los servicios jurídicos del Ejecutivo del PP es que «hay margen para eso».

En cualquier caso, ha admitido que «son los tribunales españoles y la Audiencia Nacional» los que deben «interpretar y aplicar» la decisión que adopte el TEDH.

«Como es lógico, el Gobierno estará a lo que digan las autoridades judiciales españolas competentes», que comunicarían al Ejecutivo «las órdenes correspondientes de puesta en libertad de un interno, ya sea un condenado por delitos terroristas o por delitos comunes», ha indicado.

Fernández Díaz también ha sostenido que «no hay ese automatismo» en función del cual el fallo europeo sobre el caso de Inés del Río «deba ser aplicable de manera directa y general a todos y cada uno de los internos» a los que se les ha aplicado la doctrina 197/2006.