El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pedro Llarena, ha dicho en declaraciones a Europa Press que, «desde el punto de vista técnico, el pronunciamiento afecta exclusivamente al caso de Inés del Río». Sin embargo, ha añadido, una sentencia del TEDH «tiene vocación de extenderse a los supuestos radicalmente iguales».

Igualmente, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha explicado que Estrasburgo «marca unos criterios» sobre «cómo debe interpretarse el cumplimiento de una condena», de manera que «la jurisprudencia afecta a aquellos supuestos en los que se dé la misma situación».

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados, José Luis González Armengol, ha indicado a Europa Press que «la sentencia es aplicable al caso individual» pero, en general, «se imponen los criterios» a aquellos casos que sean similares.

«Las resoluciones judiciales deben cumplirse»

Respecto a si el Estado español cumplirá el fallo del TEDH en el caso de que este no dé la razón a Madrid y confirme la sentencia dictada en primera instancia, Llarena ha apuntado que, si bien «no existe una obligación jurídica» para que los tribunales españoles la apliquen, «en la práctica, hasta ahora España ha asumido las resoluciones» de Estrasburgo.

Bosch se ha mostrado más contundente, al asegurar que «lo que resuelva el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vincula al Estado español» y, por lo tanto, al poder judicial. «La sentencia se deberá ejecutar», ha subrayado.

En este sentido, ha criticado la expresión «desafortunada» que ha usado el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha indicado que las autoridades españolas tienen margen para la «ingeniería jurídica» en caso de que el TEDH no falle a su favor.

«Las resoluciones judiciales deben cumplirse», ha insistido Bosch, que considera «bastante difícil» que el Estado pueda negarse a cumplir la sentencia porque ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si no la acatara, perdería «toda la credibilidad internacional» y la relativa al «cumplimiento de los derechos», ha concluido.

González Armengol ha comentado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son «declarativas», pero hay un «compromiso de adhesión» por parte del Estado español para «ajustar su legislación y sus pronunciamientos» a esas resoluciones. «Gustara o no gustara la decisión» que tomase el TEDH, «se imponen sus criterios», ha añadido.

El Estado español, obligado a cumplir la sentencia

El abogado Ignacio Gordillo, el fiscal que participó en el juicio contra Unai Parot, ha admitido que el Estado español está obligado a cumplir la sentencia de Estrasburgo, no jurídicamente, pero sí «política y moralmente».

En cuanto al alcance que tendrá la resolución, ha dicho que se refiere al caso de Inés del Río, «no a los demás», pero ha añadido que «habrá que ver la lectura que se hace». A su entender, «se está dilucidando la puesta en libertad de 77 personas, casi todas de bandas terroristas, condenadas a penas muy altas», y su posterior indemnización.

Según Gordillo, «no es que haya que aplicarlo a los 76 de golpe, de la noche a la mañana», pero «en muchos casos» se seguiría la decisión del TEDH. «Yo comprendo que por parte de Instituciones Penitenciarias y por partes judiciales se harían todos los recursos correspondientes para examinar caso por caso», ha agregado.