La investigación por un presunto delito de prevaricación por omisión en Caja Navarra continúa en los juzgados de Iruñea a raíz de la denuncia de Kontuz. Esta omisión de los deberes se centra en la falta de inspecciones en la CAN y, por ello, la juez solicitó al Gobierno navarro los resultados de las inspecciones que debiera de haber realizado. No se ha aportado ninguna. El único informe que existe data de 2004 y fue realizado por el Banco de España, que cuestiona varias inversiones por su riesgo y revela disfunciones en el Departamento de Auditoría.

Los estatutos de CAN definían dos tipos de inspección: la «alta inspección» y la «ordinaria». La «alta» (o menos profunda) correspondía al Banco de España y la «ordinaria» (o más exhaustiva) competía al Gobierno de Nafarroa, dado que se trataba de una caja aforada. La ordinaria jamás existió, puesto que la juez María Paz Benito ha recibido toda la documentación de 2000 (momento de la fusión entre Caja de Ahorros de Navarra y Caja Municipal de Pamplona) hasta el año 2012 y no consta ninguna.

Al parecer, en el único momento en el que intervenía el Gobierno en CAN, a través de la Consejería de Economía, era a la hora de decidir cuánto se destinaba a obra social y qué parte iba a reservas. Teniendo en cuenta que el principal motivo de la desaparición de Caja Navarra como entidad financiera fue la falta de reservas -que es lo que limitó su solvencia- la responsabilidad del Ejecutivo (que en todos estos años fue controlado por UPN y, principalmente, por Miguel Sanz) es enorme. Además, la evolución de lo destinado a reservas es muy significativa. De 2001 a 2008, el beneficio va aumentando y, en consecuencia, sube lo destinado a reservas y la obra social. En 2001 se destinan a reservas 36 millones de euros y, en 2008, llegaron a 117. La obra social se elevó en siete años de 15 millones a 50.

Sin embargo, a partir de 2008 el negocio empieza a ir cada vez peor. Las reservas bajan en tres años de los 117 millones a 40,5. En 2012 la situación se vuelve insostenible. El beneficio total solo es de siete millones y la partida de reservas se deja a cero. Según información a la que ha tenido acceso GARA, éste es el único momento en el que saltan las alarmas en la Consejería de Economía, que envía un correo pidiendo explicaciones, porque provisionar es obligatorio. Le respondió en un correo la asesoría Analistas Financieros Internacionales (AFI), que le dice que es debido a que la caja (ya inmersa en Banca Cívica) ha tenido un rescate con dinero público y, por tanto, «es una excepción a la regla y puede estar dentro de la ley» no provisionar.

Mientras se suceden las revelaciones, Yolanda Barcina intenta marcar un punto y aparte de las dietas CAN y ayer «inició los trámites» para la devolución de lo cobrado de la Permanente y la Junta de Entidades Fundadoras. Lo reintegrará a la Fundación CAN. Aunque la presidenta insiste en que estos cobros fueron legales, siguen bajo la lupa judicial. En el caso de que sean considerados delictivos, la devolución podría servir de atenuante de «reparación del daño».

Además de sus puestos en la JEF y la Permanente, Barcina fue presidenta de la Comisión de Control, que era la que garantizaba que la información que daba CAN al Banco de España, la CNMV y al Gobierno navarro se correspondía con la realidad.