El PP pedía que se abriera un expediente sancionador contra el parlamentario abertzale Julen Arzuaga, pero el órgano de gobierno del Parlamento ni siquiera consideró necesario darle el trámite previsto en el reglamento, a la vista de que a juicio de la mayoría carecía de consistencia.
La queja se formuló después de que la parlamentaria del PP Nerea Llanos hubiera conminado insistentemente durante el debate a la presidenta a obligar a Julen Arzuaga a retirar la expresión «presos políticos», mientras Antonio Basagoiti le animaba desde el escaño. Fue el inicio de la bronca que acabó con el aplazamiento de la constitución de la Ponencia de Paz y Convivencia.
Bakartxo Tejeria mostró después, también por escrito, su «sorpresa» por el hecho de que «la anterior presidenta del Parlamento Vasco considere, ahora, motivo de sanción el uso del término ‘presos políticos’, y califique de ‘pasividad’ y ‘dejación de funciones’ que la actual presidenta de la Cámara lo permita. Y es que, en la anterior legislatura, en al menos veinte plenos presididos por Quiroga, se utilizó el mismo término en reiteradas ocasiones sin que nadie entendiera que se trataba de ‘inadmisible terminología’ ‘contraria a Reglamento’ y sin que la presidenta adoptara ninguna medida al respecto».
Perdida esa batalla, el Partido Popular inicia ahora otra. Borja Sémper ha presentado, para su aprobación, una proposición no de ley con este texto: «El Parlamento Vasco declara con total rotundidad que en España no existen presos políticos».
En la justificación de la proposición, Sémper recoge diversos artículos de la Constitución española que le llevan a escribir que «en nuestro país es imposible que alguien pueda ser encarcelado por defender una opción religiosa, ideológica o política».
Pese a ello, observa que «la autodenominada izquierda abertzale» se empeña en llamar «presos políticos» a los «terroristas», «pretendiendo justificar o restar gravedad con ello a cientos de asesinatos y crímenes».
Según relata Sémper, «tras la derrota policial, judicial y social de ETA no podemos permitir que quienes tanto daño causaron asesinando ciudadanos y quienes tanto daño le hicieron a Euskadi con su crueldad, torturando al conjunto de la población y destruyendo su convivencia democrática, hoy puedan tener otra consideración que no sea la de presos comunes».
La proposición tardará todavía varias semanas en ser debatida por el Pleno del Parlamento. De momento, está en plazo de presentación de enmiendas por parte del resto de grupos.
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