La venta de oficinas de CAN a clientes VIP en 2009 -entre los que se encontraba Yolanda Barcina «a título particular»- resultaba perjudicial para la caja por su elevado riesgo, según informó el Banco de España (BdE). Nuevos documentos que obran en poder de GARA acreditan que el BdE intentó parar la operación enviando dos misivas: una al Comité Ejecutivo de CAN y la otra al propio Miguel Sanz, entonces presidente de la entidad.

El mensaje enviado a Sanz le insta a que ponga en conocimiento del Consejo de Administración de Caja Navarra sus dudas sobre las ventas de oficinas a clientes selectos y exige que el resultado de la segunda deliberación esté disponible para los inspectores estatales. «El análisis que [el Consejo de Administración] haga de estas cuestiones, así como la justificación del tratamiento contable finalmente adoptado, quedará convenientemente documentado a disposición de la Inspección del Banco de España», reza la carta, fechada a 21 de enero de 2010.

En la documentación que hasta ahora se posee no consta qué es lo que debatió el Consejo. Aun así, cabe remarcar que Barcina (una de las cien personas que compraron oficinas a través de dos sociedades) formaba parte del Consejo General de CAN y, por lo tanto, tenía un interés particular en que la venta de locales se llevara a cabo. La posición de la presidenta podría verse muy comprometida en caso de que votara a favor de una operación que le garantizaba un lucro y que estaba desaconsejada por el Banco de España.

Las operaciones a las que se hace referencia son dos lease back sobre la oficina central de CAN y otros 25 locales comerciales de la entidad realizadas, aunque se habla también de un tercero, sobre 10 oficinas. La CAN creó dos sociedades de «clientes preferentes» para la compra de estos locales. Estas sociedades (IAN y Navarra Building) adquirieron las oficinas y la caja se comprometió a alquilárselas durante 10, 15 ó 20 años, generando unos beneficios del 6% anual a cada inversor. Barcina posee el 0,23% de Navarra Building, donde invirtió unos 50.000 euros, al igual que un familiar suyo en primer grado.

Estas condiciones eran excesivas a juicio del BdE. «Dadas las características de la operación propuesta, cabe pensar que su finalidad es la obtención de plusvalías aún a costa de asumir el riesgo de unos mayores costes futuros en caso de evolución adversa de los alquileres y del valor de los inmuebles», reza un informe enviado a la Comisión Ejecutiva.

Este documento desmonta la tesis hasta ahora defendida por Barcina, de que su inversión no le reportó beneficios porque el precio de los inmuebles que adquirió ha bajado. En realidad es al contrario, quien sale más perjudicado cuando el valor disminuye es la caja. «Los inversores -clientes preferentes de CAN- estarían obteniendo una rentabilidad elevada, incluso en el caso de que la revaloración fuese del 0%», constata el BdE.

La raíz del problema se encuentra en que el precio al que la caja se había prometido a alquilar los inmuebles es injustificadamente alto y no se puede revisar. Con una rentabilidad anual del 6,38% y la garantía de, como mínimo, 10 años de alquiler, Barcina y los demás «clientes preferentes» de Navarra Building tienen garantizado recuperar el 63,8% de la inversión. El beneficio se lo reportaría la reventa del inmueble.

Este 6,38% que a día de hoy la caja (o Caixabank) sigue pagando mensualmente a Barcina es exageradamente alto en el mercado actual. Y en 2009 era predecible este bajón de los alquileres. Además, la CAN tenía otras opciones, como la emisión de preferentes, que el BdE le recomienda hacer para evitar un lease back sin sentido.

Navarra Building, caso aparte

El caso de esta compra de oficinas por parte de Barcina no está siendo investigado por ningún juzgado (de nuevo, porque Barcina solo puede ser juzgada en el Supremo). Kontuz denunció esta inversión ante la Fiscalía navarra, puesto que entendía que pudo haber «uso de información privilegiada» por parte de la presidenta navarra para acceder a este negocio. A día de hoy, se desconoce qué criterio utilizó la CAN para ofertar esta inversión, ya que solo se realizó a clientes selectos. La Fiscalía, tras deliberar durante semanas, decidió archivar esta denuncia. Esta decisión fue políticamente crucial. El archivo se produjo apenas cinco días antes del Congreso de UPN, un reto que la presidenta superó por la mínima (72 votos de diferencia con respecto a Alberto Catalán).

En su decreto, el fiscal sostiene que no pudo haber delito, porque Barcina no actuaba en la CAN como cargo público. Este criterio va en contra de la corriente jurídica mayoritaria. Además, la única prueba de descargo a Barcina es un testimonio de un empleado de la caja que dice que la oferta se extendió «a 4.000 personas», pero que no se acreditó con ningún documento. A pesar de ello, el fiscal comunicó a Kontuz que «si no está conforme» con su decreto «podrá reproducir la denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente».

Aunque el fiscal dejó abierta la vía a una denuncia ante el Supremo, Barcina entendió que el escándalo de Navarra Building estaba ya enterrado. UPN se apresuró a proclamar que, tras el archivo, «Barcina queda libre de todo juicio sobre CAN». Por su parte, la presidenta se querelló ante el juzgado de guardia por «injurias y calumnias» contra Kontuz. La querella aún no ha sido admitida a trámite.

La nueva documentación que hace pública hoy GARA reabre la polémica sobre el papel que jugó la presidenta en un lease back, que tiene nuevos puntos oscuros. Según el BdE, la caja no computó como debía los resultados de esta operación, anotándoselos como una plusvalía que realmente no existía.

En sus advertencias al Comité Ejecutivo, los inspectores del BdE alertan de un ejercicio de ingeniería financiera de la caja, puesto que se computó como plusvalías que no eran reales, dado que no tuvo en cuenta que estaba obligada a recomprar las oficinas. Por todo ello, resulta perentorio conocer no solo por qué Barcina se incluyó entre los clientes selectos, sino también si dio su aval, siendo parte, en una mala inversión de la CAN.