En un comunicado, la formación abertzale ha valorado los acontecimientos que se han vivido los últimos días en Donostia y ha considerado «imprescindible» poner en práctica el diálogo para poder «ir dando pasos hacia la soberanía».
A juicio de la secretaria de organización, Rebeka Ubera, resulta imprescindible «liberarnos del modelo antidemocrático que nos impone Madrid», y de esa manera construir una sociedad vasca fundamentada en los derechos civiles y los principios democráticos.
«La situación que se está viviendo los últimos meses es tan surrealista como peligrosa. En vez de dar pasos encaminados a la consecución de la paz y de la convivencia, está aumentando el uso de la violencia, se vulneran constantemente los derechos de las personas, son juzgadas y encarceladas personas que mediante vías pacíficas defienden ideas y proyectos, encarcelan a jóvenes por razones ideológicas...», ha advertido, para añadir que los «cuerpos de seguridad son los que están vulnerando la seguridad y los derechos de la ciudadanía».
Asimismo, Ubera ha denunciado la actitud del PNV, porque mientras todo esto está ocurriendo, «sigue trabajando de la mano y haciendo reuniones a escondidas con aquellos que no desean ni la paz ni la normalización política».
La secretaria de organización de Aralar considera que el PNV es «esclavo de las actitudes de Madrid» y le ha acusado de intentar esconder esta grave situación, «intentando situar el debate en unos parámetros de unos tiempos que ya están superados».
«Desde Aralar exigimos al PNV y a Urkullu medidas y actitudes concretas. Y también que pongan en práctica la desobediencia ante los mandatos que vulneran los derechos civiles y políticos», ha añadido.
Por último, han defendido que en una sociedad democrática el principal objetivo de los poderes judiciales, legislativos y de los cuerpos de seguridad debe ser proteger los derechos de todas las personas, «y no el mantenimiento sí o sí del sistema institucional que sólo responde a la ambición de poder de algunos y que echa por tierra y vulnera los derechos de las personas que viven en el Reino de España antidemocrático».