La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, ha ordenado que agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se trasladen hoy mismo a la sede de Caja Navarra para realizar una pericial sobre los servidores de la entidad para recabar información sobre las actas de reunión de los órganos directivos de la caja.

De esta manera, pretende determinar su fecha de creación y si han sido modificados de servidor los archivos informáticos que contienen las actas de las sesiones de reporte de la Comisión Permanente y de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF), cuyas reuniones son el origen de las polémicas dietas.

Benito ya requirió en su día a la entidad que le remitiera los archivos informáticos originales que recogen las actas de la JEF y de la Comisión Permanente con el objetivo de comprobar si fueron manipulados. Su intención era cotejar la fecha de creación de los documentos con peritos de la Guardia Civil, para ver si se escribieron en su momento o se redactaron para ser entregados al juzgado.

La CAN no quiso colaborar y por ello la juez envió a la Guardia Civil en tres ocasiones a la sede de CAN en Carlos III, en vista de que no se le entregaba la información que demandaba.

Petición al Banco de España

En el mismo auto, la magistrada ha pedido al Banco de España que designe un perito de entre el cuerpo de inspectores de la entidad a fin de que valore la documentación sobre los créditos recibidos en el juzgado de parte de Caixabank, la entidad que absorbió Caja Navarra, cuando esta ya estaba dentro de Banca Cívica.

La jueza plantea que el perito analice las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Caja, familiares de primer grado o empresas para determinar si concurre algún tipo de irregularidad.

En concreto, si «las operaciones financieras remitidas son acordes a las normas del mercado financiero vigentes en el momento de su otorgamiento, teniendo en cuenta los informes de riesgos y demás datos contenidos en los respectivos expedientes, o bien si se aprecian irregularidades en su otorgamiento», según indica en su auto.