El exdictador argentino Jorge Rafael Videla, que fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, ha fallecido en Buenos Aires, a los 87 años, por muerte natural, según los medios locales del país.

La esposa de un militar, Cecilia Pando, ha confirmado el fallecimiento en declaraciones a la cadena Radio Once Diez. «Videla murió durmiendo. Anoche no quiso cenar porque se sentía mal», ha asegurado esta mujer, conocida en Argentina por su defensa de los militares que actuaron durante la dictadura.

Videla, quien permanecía encarcelado en el penal de Marcos Paz de la provincia de Buenos Airesfue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a cadena perpetua, en un juicio histórico contra la Junta Militar en 1985. Cinco años después fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem.

En 2007, un tribunal anuló el indulto, fallo confirmado en apelación en 2009 por la Corte Suprema, la última instancia a la que podía recurrir el dictador, que estaba encarcelado desde octubre de 2008 por otras causas.

En 2010 los tribunales le declararon culpable de delitos de lesa humanidad y fue castigado con la cadena perpetua, y en julio de 2012 le condenaron a 50 años de prisión por el robo sistemático de bebés, hijos de perseguidos o desaparecidos durante su mandato.

El pasado martes, Videla asumió el pasado martes «íntegramente» la responsabilidad por los delitos cometidos por sus subordinados durante el Plan Cóndor, al que calificó de «guerra antiterrorista».

El exmilitar compareció ante el Tribunal Oral Federal 1 en el marco del juicio que se celebraba en su contra por el Plan Cóndor, puesto en marcha por las dictaduras sudamericanas de la época para aplastar a la disidencia interna, sobre todo a la izquierdista.

Interrogado por la Fiscalía sobre su implicación en ese plan, el exdictador se negó a declarar, argumentando que en el último mes ha sufrido una «crisis de memoria» y otra de «estabilidad vertical».

Defendió que el Plan Cóndor era «cosa juzgada» desde 1985 y se definió como un «preso político».