El comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho oficial el dictamen por el que concluye que  María Atxabal fue torturada en dependencias policiales durante el régimen de incomunicación sufrido tras ser detenida en junio de 1996. Por ello, insta al Estado español a reparar el daño causado, a abrir una investigación «precisa y objetiva» de los hechos acaecidos durante la incomunicación y a prestar asistencia médica gratuita a Atxabal para tratar el estrés post-traumático que sufre debido a los malos tratos sufridos. Además, conmina a las autoridades españolas a poner fin al régimen de incomunicación y a asegurar la libre elección de abogado por parte del reo.

«Siento que por fin se ha hecho justicia». Una emocionada Maria Atxabal ha comparecido ante los medios para valorar la sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU que reconoce que esta bilbaina fue torturada por la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación al que fue sometido tras su detención en junio de 1996, y que estos malos tratos le causaron un estrés post-traumático del que, como ella misma ha reconocido, «todavía no he superado».

A su lado, su abogado y gran apoyo durante todo este tiempo, Jaime Elias, se ha mostrado satisfecho con el nuevo varapalo que las autoridades internacionales dan al Estado español en materia de prevención y erradicación de la tortura. Tras explicar concienzudamente los pasos dados por Atxabal ante los diferentes tribunales durante todo este tiempo y las negativas de las distintas autoridades judiciales a investigar su caso, ha concluido que el dictamen del Comité de DDHH «deja claro que los hechos y las diferentes pruebas manifiestan que María Atxabal fue torturada por las autoridades españolas estando incomunicada». Además, ha estimado que el golpe es aún mayor, ya que, además de confirmar esos malos tratos, «obliga al Estado español a abrir una investigación objetiva y precisa sobre los hechos, a reparar el daño causado a María y a dar asistencia médica gratuita para superar el estrés post-traumático causado por las torturas».

Junto a ello, ha destacado el trasfondo del dictamen: «La sentencia es doblemente positiva, porque no se limita a este caso, sino que estima que el régimen de incomunicación puede favorecer la tortura, y por tanto, insta a derogarlo lo antes posible».

Al otro lado de la mesa, Jorge Del Cura, experto del Centro de Documentación Contra la Tortura, también se ha congratulado  de la decisión tomada por el órgano de la ONU. Entrando a analizar la sentencia en profundidad, Del Cura ha querido destacar dos aspectos principales: «El primero es que la tortura es una práctica generalizada en el Estado español que no se quiere investigar, que se quiere pasar por alto. Falta voluntad política por parte de jueces instrucción. También es destacable el papel que varios médicos forenses juegan en ese sentido. Y esas fallas del sistema están quedando al descubierto en la gran mayoría de sentencias de los tribunales europeos e internacionales desde los años 2007-08. Además, Amnistía Internacional revela que la gran mayoría de informes no son investigados por las autoridades españolas».

El segundo punto que ha resaltado Del Cura es el referido al propio régimen de incomunicación: «La sentencia es contundente en ese sentido, pide que se suprima, que se derogue esa medida. Concluye que mientras ese régimen exista, las denuncias por tortura, que afortunadamente el último año se han reducido, pueden volver a producirse, por lo que pide de manera nítida que se derogue, que no se vuelva a aplicar».