El próximo 7 de julio, un año y cinco meses después de que el Consejo de Ministros aprobase la reforma laboral, se hará efectiva una de las amenazas que conllevaba esta reestructuración del mercado laboral. De la noche a la mañana, cientos de trabajadores se quedarán sin el convenio colectivo con el que trabajaban hasta ahora, quedando a expensas de convenios de instancias superiores –sectoriales y estatales– o directamente bajo el marco del Estatuto de los Trabajadores, lo que supondrá una rebaja importante de las condiciones laborales.

Esto será así debido al límite de un año que la reforma laboral impone a la ultractividad, que es el periodo de tiempo entre el fin de un convenio laboral y la firma de otro, durante el cual se sigue aplicando el anterior convenio. Hasta el año pasado, la duración de la ultractividad era indefinida, es decir, que el convenio caducado se seguía aplicando hasta no tener uno nuevo. Lo que cambia con la reforma laboral es que la ultractividad se aplica tan solo durante un año, al término del cual el convenio anterior queda sin validez pese a la ausencia de uno nuevo, lo que permite a las empresas imponer convenios acordados en instancias superiores. Eso es lo que ocurrirá por primera vez de forma masiva el próximo 7 de julio.

La mayoría sindical vasca hace ya meses que denuncia la situación y lucha por cambiarla. Según cálculos de LAB, unos 320.000 trabajadores se verán perjudicados por el fin de la ultractividad en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, suma que ronda los 400.000 trabajadores teniendo en cuenta a Nafarroa –aunque los datos en este herrialde no han podido ser verificados completamente, debido a la diferente mayoría sindical–.

La secretaria de negociación colectiva de LAB, Garbiñe Aranburu, advierte de que el fin de la ultractividad supone «una pérdida espectacular». «En la práctica supone que vamos hacia una individualización de las relaciones laborales, profundizando en la división de la clase trabajadora». De la misma manera, el responsable de negociación colectiva de ELA, Joseba Villarreal, advierte de que la nueva situación supondrá que «el trabajador quede a expensas de la decisión del empresario». Villarreal también denuncia que «como a partir de julio podrán decidir aplicar otras condiciones laborales, la patronal no firma ningún convenio con un contenido mínimo», lo que mantiene bloqueadas la mayoría de negociaciones.

¿Cómo hacerle frente?

Las movilizaciones de los sindicatos vascos están a la orden del día, como ya se pudo ver en la huelga general del pasado 30 de mayo o se puede observar en las diversas huelgas que están llevando a cabo sectores como el del Metal. Pero Aranburu avisa: «No prevemos que el 8 de julio todas las empresas digan que empezarán a aplicar los convenios estatales, pero sí que se dará una progresiva desregulación». Por eso advierte de que las movilizaciones se darán «antes del 7 de julio y después». Por su parte, Villarreal señala que «como en los últimos años, la movilización es para nosotros el único camino: la organización en las empresas, la sindicalización y las movilizaciones en todos los sectores y empresas que se pueda».

Un camino que Aranburu comparte, pero con matices: «El debate no es si en una empresa o en un sector se le hace mejor frente a la reforma, lo que hay que buscar es una salida a todos los trabajadores y eso no se puede negociar solo en los sectores, el debate debe ser sobre qué estrategia de lucha es la más efectiva ante la posición de fuerza que tiene ahora la patronal». «Al final, el alcance de la reforma la marcará nuestra capacidad de responder y crear conflicto», declara Aranburu, quien añade que «la patronal tiene una herramienta poderosa en sus manos, pero aquí no les vale lo que les vale en otros lugares del Estado, existe otra mayoría sindical, otra correlación de fuerzas». «Nuestra situación es complicada, pero su situación no es tan buena como se la han imaginado», concluye.