Los diputados de Amaiur en el Congreso Rafa Larreina y Xabier Mikel Errekondo, la parlamentaria  de EH Bildu en Gasteiz Belen Arrondo y cargos locales de la coalición en Araba han comparecido en Gasteiz para referirse a la Orden Ministerial de cese de actividad de Garoña que se hace efectiva este sábado.

En un comunicado leído en euskera y castellano, Larreina ha advertido de que este cierre puede no ser definitivo porque tal y como dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ministerio de Industria va a acometer los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad «si así fuera posible».

En este sentido, los representantes de Amaiur y EH Bildu han exigido el cierre «inmediato y definitivo» de la central y han reclamado que empiecen los trabajos de desmantelamiento, «como única garantía de que Garoña ha cerrado ya y para siempre».

Asimismo, han pedido al PP «que no se pliegue a los intereses de las eléctricas» y han opinado que «no puede ni debe haber vuelta atrás» en el cierre de Garoña porque tras 42 años de actividad, «ha quedado demostrado que no es segura y que pese a estar amortizada, no es rentable si no cuenta con subvenciones públicas».

Además, han pedido que se constituya «a la mayor brevedad» una comisión interinstitucional entre todos las implicadas, colectivos y agentes sociales «para que ejerza de acicate para el cierre y vele por la seguridad del proceso de desmantelamiento».

Asimismo, Larreina ha considerado que «la salud de los ciudadanos no puede someterse a reglas mercantilistas ni al interés económico ni estratégico o ideológico de modelo energético de los partidos políticos».

También ha pedido al PP de Araba que sea «coherente» porque no vale decir en este herrialde que se está a favor del cierre de Garoña y al mismo tiempo posibilitar desde el Gobierno español su continuidad.

En cuanto al proyecto de real decreto del Gobierno que modificaría la actual normativa y permitiría que la central pudiese renovar su licencia de explotación en el plazo de un año, Larreina ha dicho que «ya vale de tomar el pelo a la sociedad alavesa y vasca en general» que tantas veces ha reclamado el cierre de esta central por no ser segura.

También ha criticado que el decreto de cierre firmado por el Gobierno español es «totalmente insuficiente» y está suscrito «a regañadientes», basándose «en una gran mentira, la de que se produce por motivos económicos, en lugar de por motivos medioambientales y de seguridad, que son las razones fundamentales».