Aguas arriba de Fontecha, tras cruzar el angosto desfiladero de Sobrón, se encuentra el Valle de Tobalina. Un lugar verde y fértil bañado por las aguas del Ebro, que desde hace más de cuarenta años acoge una amenaza radiactiva cubierta de hormigón. Este cubo gris, rodeado por una valla en la que sobresale el alambre de espino y situado junto a una fina torre que rompe el paisaje, mantiene en vilo a los habitantes de Burgos, Cantabria, Asturias, La Rioja y Euskal Herria. Miles de personas que ayer celebraron el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Un punto y final ratificado este viernes por el Consejo de Ministros español y amenazado por el borrador del Real Decreto Ley para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, que despierta recelos entre los vecinos de la zona. Hombres y mujeres, partidarios y detractores de la energía nuclear, que hace tiempo dejaron de confiar en las promesas del Gobierno de Mariano Rajoy.

Basta con dar una vuelta por el valle para ver la situación en la que viven los vecinos de las pedanías, que durante décadas han visto cómo los puestos de trabajo y los beneficios económicos derivados de la planta recaían en manos de terceros. En trabajadores procedentes de municipios cercanos y en grandes empresas ligadas al oligopolio energético.

Así lo creen al menos José e Inma, residentes en Santa María de Garoña, que ayer echaron mano de una sombra para refugiarse de las altas temperaturas. Según recordaron, la puesta en marcha de la central no ha traído beneficios al pueblo, ni económicos, ni sociales. Parece que Nuclenor, empresa propietaria de la planta, no ha reparado en los habitantes de esta pedanía burgalesa, que, pese a dar nombre a la central, no han percibido las ganancias derivadas de la producción eléctrica.

En declaraciones a GARA, José e Inma denunciaron que la citada sociedad, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, no se ha preocupado por los vecinos ni ha mejorado la infraestructura de las pedanías, que carecen de una vías de evacuación adecuadas para huir de una posible emergencia radiológica. En la misma línea, criticaron la actuación de los dos gigantes eléctricos, a los que acusaron de haber hecho las cosas «mal desde el principio», en alusión a las expropiaciones realizadas para poder acometer la construcción de la central.

En cuanto a la continuidad de la planta, José, que desconocía los fallos de seguridad advertidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la realización de las pruebas de estrés, defendió su continuidad siempre que se pueda garantizar la seguridad de la misma. Inma, que se mostró más dubitativa al respecto, reconoció cierto temor al aislamiento. A su parecer, la presencia de la central ha servido para que las autoridades burgalesas se preocupen de mantener abierta la carretera BU-530 -una vía de escape que conecta Trespaderne y Miranda de Ebro- durante el invierno.

A este respecto, Izaskun, una joven que descansaba junto a ellos, remarcó que la plantilla de Garoña proviene, en su mayoría, de las localidades anteriormente citadas y de Medina de Pomar, desde donde llegan autobuses cargados con la mano de obra empleada por la sociedad mercantil.

Una idea compartida por Cristina y María Jesús, vecinas de Barcina del Barco, que ayer criticaron a Nuclenor por no dar más trabajo a los vecinos de Tobalina. Las dos mujeres, que tienen miedo a que el cierre de la planta acabe con la economía de un valle afectado por la crisis del ladrillo y por una recesión que se ha agudizado durante los últimos años, no se mordieron la lengua al señalar que los operarios empleados por Nuclenor «vienen de fuera».

Siguiendo la carretera, a pocos kilómetros de Barcina de Barcos, se encuentra Quintana Marón Galíndez, cabecera del Valle de Tobalina. Allí Garoña se ha convertido en un tema tabú. Muchos vecinos prefieren no hablar sobre el devenir de la planta, y los que se atreven a hacerlo prefieren preservar en el anonimato su identidad. Este es el caso de Begoña, que calificó de «pitorreo» la situación a la que se enfrentan los vecinos. «Unas veces dicen que va a seguir abierta, otras que se va a cerrar... A Rajoy se le han olvido las promesas que nos hizo», lamentó con enfado.

Alternativas para la zona

Unas promesas electorales que pasan por mantener abierta la central, tal y como pretende hacer el Gabinete derechista mediante la aprobación de un nuevo Real Decreto de Ley, y por la puesta en marcha de un plan para regenerar la zona. Una idea que parece haber caído en el olvido. En este sentido, Consuelo, que regenta un bar en Montejo de Cebas, cerca de Frías, reclamó la apertura de infraestructuras turísticas para facilitar la reinserción laboral de las personas afectadas por el cese de Garoña.

Cabe señalar que el 50% de los empleados de las subcontratas dependientes de Nuclenor han sido despedidos desde el pasado mes de diciembre, cuando la empresa decidió parar la producción de energía con un solo objetivo: no pagar las tasas recogidas en la reforma energética. Unos impuestos diseñados para grabar los residuos que supondrían un gasto de 169 millones de euros para la mercantil.

Antes de abandonar Montejo, una persona que había trabajado en la planta, subrayó que, pese a que la planta sí influye en la economía local, la afección de esta a la red eléctrica del Estado español es inapreciable. Al fin y acabo, siete meses después nadie parece echar en falta la energía de Garoña.