El informe ‘Meheri. La esperanza posible’, elaborado por investigadores vascos, ha permitido documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis por parte del Ejército de Marruecos.

La investigación, cuyas conclusiones han sido presentadas en el Museo San Telmo de Donostia, ha sido llevada a cabo por la Sociedad Aranzadi, el Instituto Hegoa y la UPV-EHU, que han contado con la ayuda de Euskal Fondoa, el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa. Ese emotivo acto de presentación, al que seguirá otro abierto al público, ha contado con la presencia de la activista saharaui Elghalia Djimi, así como de familiares de desaparecidos. También han asistido Juan Karlos Izagirre y Martin Garitano, alcalde de Donostia y diputado general de Gipuzkoa, respectivamente.

El forense Paco Etxeberria y el sicólogo Carlos Beristain, responsables del trabajo, han explicado que las víctimas halladas en las fosas comunes fueron ejecutadas entre el 12 y el 13 de febrero de 1976. Dos de ellas eran menores de edad.

En las fosas, situadas a escasos kilómetros del muro construido por Marruecos y bajo control de la MINURSO, se han hallado documentos de identidad españoles –el Sahara Occidental estaba bajo administración española por entonces– y casquillos de bala.

Los restos se han dejado en el lugar donde se encontraron, debidamente señalizados, a la espera de que una verificación oficial desemboque en la entrega de los mismos a sus respectivos familiares. Los integrantes del equipo de trabajo consideran «imprescindible» que las autoridades saharauis, españolas y los órganos competentes de la ONU «den una respuesta a la demanda de los familiares».

Etxeberria ha remarcado que en todo momento se ha respetado con escrúpulo la custodia de mando de los restos a la hora de realizar la identificación.

Los responsables del trabajo han remarcado la importancia de la investigación, tanto para los familiares de los desaparecidos, a cuyos testimonios se da veracidad, como para desmontar la versión oficial sostenida por Marruecos. El reino alauí sostuvo ante el consejo consultivo de la ONU que las víctimas fallecieron en un cuartel militar durante su periodo de detención. 

Con los resultados de la investigación en la mano, solicitarán una reunión al Ministerio español de Exteriores y pretenden asimismo llevar la cuestión ante la ONU.