En una rueda de prensa junto a su homólogo portugués, Rui Machete, Margallo ha sido el primer miembro del Gobierno español que ha reconocido que la cadena humana fue «un éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación». Ha admitido que le produce «una enorme preocupación y una gran tristeza» puesto que cree que una eventual independencia de Catalunya sería una «opción extremadamente dolorosa».

«Cualquier gobierno, sea nacional o regional, tiene que escuchar a la calle, pero no es en la calle donde se hace la política», ha afirmado Margallo, que ha defendido que «ahora el diálogo tiene que trasladarse a las instituciones» y desarrollarse «en el marco constitucional».

Margallo ha subrayado que la Constitución española fue un «pacto multilateral entre todos los españoles y todas las comunidades autónomas», y no puede ser «roto unilateralmente por una de las partes». «Lo que una parte decida afecta a todas las partes que suscribieron ese pacto», ha añadido.

El ministro español ha asegurado que hace falta «una reflexión sobre la organización territorial» que, a su juicio, no debería «abocar en una reforma de la Constitución».

«Es perfectamente posible reformar el tema de competencias y financiación sin tener que cambiar la Carta Magna», ha subrayado. «Las organizaciones y los modelos no son eternos, lo eterno es la lealtad institucional», ha remachado.

En su opinión, las cadenas humanas pusieron de manifiesto que en el Estado español «está garantizada la libertad de expresión». Por ello, aunque «la política se hace con sentimientos, también se hace con razones», por lo que ahora «habrá que hacer el esfuerzo» para «convencer a los catalanes que han apostado por la secesión» de que «fuera de España vivirían mucho peor» y tratar de entender las «razones de su desafección».

«Pérdida de riqueza»

Por otra parte, Margallo ha reclamado que «no se puede olvidar a los catalanes que se sienten españoles y que no han salido a manifestarse». «Son muchos más los que no lo han hecho que los que lo han hecho».

Ha insistido en que una salida del Estado español supondría una salida de la UE para Catalunya. Ello conllevaría, ha dicho, «según los expertos, una pérdida de la riqueza de entre el 20 y el 25 por ciento» para Catalunya.