Algo se mueve en las Baleares, donde conceptos como huelga indefinida y caja de resistencia han salido del baúl de los recuerdos para convertirse en realidad palpable. Desde el pasado lunes, la comunidad educativa de las Illes mantiene una huelga indefinida contra el Govern encabezado por José Ramón Bauzà, del PP, y su decreto de Tratamiento Integral de las Lenguas (TIL), una norma que el Ejecutivo balear quiere imponer a través de un decreto-ley, a pesar de la suspensión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Según el PP, se trata de una medida para favorecer el trilingüismo, a través de un modelo donde catalán, castellano e inglés se reparten las horas lectivas a partes iguales. Pero para el profesorado –y gran parte de las familias que apoyan sus reclamaciones– no es más que una intentona más para acorralar el catalán y el sistema de inmersión lingüística, después de ver cómo fallaban sus esfuerzos anteriores. Es por eso que vienen movilizándose desde que el curso pasado, no solo a través de los sindicatos, sino también, y sobre todo, a través de una dinámica Assemblea de Docents.

Más allá de la reclamación lingüística, en el terreno pedagógico, Assemblea y sindicatos denuncian además que la conselleria d'Educació no ha ofrecido los recursos que harían falta para aplicar un modelo trilingüe que además pretenden imponer de la noche al día. Ni el profesorado ni el alumnado está preparado para ello, menos aún teniendo en cuenta que en los últimos años de crisis se ha reducido la plantilla docente y han aumentado las ratios de alumnos por clase. Es decir, menos profesores para más alumnos.

Pero estas no son las únicas reivindicaciones del parón educativo. Las reclamaciones también incluyen, entre otras, la readmisión de los trabajadores expedientados por negarse a aplicar el decreto, la retirada del proyecto de decreto de convivencia y la Ley de Símbolos, aumento de becas, recuperación de la plantilla de profesores y las ratios anteriores a los recortes, substitución inmediata de las bajas –y que estas sean remuneradas al 100%– y la recuperación de los complementos perdidos.

Amplio seguimiento pese a la guerra de cifras

La huelga, convocada por la Assemblea de Docents y a la que posteriormente se han sumado todos los sindicatos –incluido ANPE, tradicionalmente cercano a las tesis del PP– ha conseguido un gran seguimiento durante sus tres primeros días, aunque las cifras, como viene siendo habitual, son motivo de guerra entre convocantes y detractores. Como ejemplo, el primer día secundó la huelga un 90% del profesorado, según la Assemblea –que ofreció datos centro por centro–. Según el Govern, que no ofreció datos concretos, el seguimiento fue de un 22%.

Más allá de las cifras, la huelga educativa se ha convertido en el principal tema de actualidad en las Illes, tanto en el ámbito político como en la calle, donde las manifestaciones y las concentraciones se suceden día tras día. Sin ir más lejos, el martes la policía retuvo en Palma a 40 estudiantes que se manifestaban a favor de la huelga, golpeando a varios de ellos, según denunciaron Alerta Solidaria y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Algo que, al menos de momento, no parece mover al Govern, que sigue enrocado en su negativa a negociar nada. Bauzà, que el lunes calificó la huelga de «antidemocrática», dijo que seguiría adelante con el nuevo modelo «por mucho que griten en la calle», contraponiendo el TIL al supuesto modelo de «inmersión e imposición» que desea la oposición. Más lejos fue el diputado del PP Antoni Camps, que el lunes escribió que «lo que será positivo de esta huelga es que sabremos, con nombres y apellidos, los que están preocupados por el futuro de nuestros hijos y los que, por contra, juegan con los alumnos para conseguir objetivos políticos». Amenazas de listas negras en toda regla que en apenas dos días reunieron más de 5.000 firmas pidiendo su dimisión.

Ayer fue el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien hizo gala del mismo argumentario, señalando que la huelga «no tiene nada más que un contenido estrictamente político» y acusando al profesorado querer convertir en rehenes a los alumnos baleares. Declaraciones que, de momento, no echan para atrás a los profesores y profesoras, sino más bien al contrario, ya que en las asambleas celebradas el miércoles acordaron mantener la huelga indefinidamente.